Por Masiel Fernández Bolaños *Bogotá (Prensa Latina) Cada mes, semana y, prácticamente cada día de este año, la violencia fue una constante en la realidad colombiana.
Amenazas, atentados, secuestros y asesinatos se repitieron, teniendo entre sus víctimas frecuentes a miembros de las comunidades indígenas, líderes sociales y exguerrilleros.
Todo ello sucede a tres años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a 16 meses de la llegada a la Casa de Nariño (sede la Presidencia) del mandatario Iván Duque.
Diferentes voces coinciden en que cientos de líderes sociales, indígenas y exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, al tiempo que aumentan los llamados a su implementación integral en aras de concretar una paz con justicia social, estable y duradera.
En el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes, insisten también en la necesidad de una presencia integral del Estado en sus territorios, a la vez que se oponen a que haya grupos armados, sean legales o ilegales, e instan a que sean respetadas sus formas propias de defensa.
EL CAUCA, UNO DE LOS DEPARTAMENTO MÁS VIOLENTOS
Al hablar sobre la persistente situación de violencia en el departamento del Cauca, varias voces apuntan a elementos como la ilegalidad y el abandono estatal.
La violencia que se vive en nuestros territorios data de bastante tiempo y es por varias razones, declaró a Prensa Latina la lideresa social Clemencia Carabalí, miembro de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del norte del Cauca.
Apuntó que la zona tiene una ubicación estratégica porque desde ese corredor del norte del Cauca se tiene acceso al interior de país, pero también a la costa pacífica, a la costa caucana y al sur, lo que permite el tráfico de todo tipo de elementos, legales e ilegales.
De igual manera, señaló, la biodiversidad que alberga, así como la riqueza minera, tanto aurífera como petróleo y carbón, hace que los ojos de muchos inversionistas nacionales y extranjeros estén puestos en esta región.
Por otra parte, opinó, el tema del abandono estatal es cómplice precisamente de todas estas situaciones porque la gente no tiene la capacidad ni el acompañamiento técnico jurídico y económico para hacer una explotación en armonía con el medio ambiente.
La gente, a pesar de que vive en un territorio muy rico, no tiene las condiciones para explotarlo racionalmente y en el marco del desarrollo propio, como lo dicen las leyes para comunidades negras y para comunidades indígenas, detalló Carabalí.
A su juicio, otro problema es la falta de cumplimiento de la palabra empeñada con el Acuerdo de Paz, pues 'eso se ha convertido en un caldo de cultivo para el deterioro de los derechos de la gente en nuestra región'.
La lideresa social remarcó además que el tema de la minería ilegal hace muchísimo daño en el territorio, no solo daña la naturaleza sino especialmente la vida de hombres y mujeres porque contamina el aire, el ambiente.
A juicio de Rossi Jair Muñoz, defensor del Pueblo Regional Cauca, el narcotráfico, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito están entre los problemas que afectan el orden público en esa zona del suroeste colombiano.
Se han venido presentando hechos que están afectando el orden público. La gente del Cauca es gente de paz. Este es un tema que el Defensor del Pueblo a nivel nacional, Carlos Negret, ha visibilizado para nuestro departamento. Queremos ser un territorio de paz, declaró Muñoz a Prensa Latina.
A su juicio, es necesaria la presencia de la institucionalidad. Mirar la institucionalidad es mirar nuevamente al campo, a nuestros campesinos, a nuestros indígenas; fomentar los cultivos lícitos en la región; llegar a la sociedad a través de vías, de puestos de salud, colegios, precisó.
Ese es un componente que hace parte de lo que ha solicitado el Defensor del Pueblo para que nuestras comunidades puedan vivir en paz y tener sosiego en esta región, apuntó.
Bajo tales condiciones, enfatizó, estamos advirtiendo sobre la importancia de atender a las alertas tempranas, lo cual es un sistema de prevención y de protección de los derechos humanos.
Hacemos un llamado para que se tengan en cuenta las observaciones y recomendaciones que hacemos en nuestras alertas tempranas por parte de la institucionalidad, remarcó.
La Defensoría del Pueblo calificó la situación como una catástrofe humanitaria por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley para apoderarse de las rutas del narcotráfico y por la minería ilegal.
En dicho contexto, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) comunicó que sigue vigente el estado de emergencia territorial, ante las acciones violentas contra miembros de las comunidades originarias.
El CRIC hizo un llamado a todas las estructuras de la organización nativa y comunidad en general para seguir atentos y vigilantes.
También alertó a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales sobre los hechos que se vienen presentando en la zona, que no se limitan a amenazas escritas, sino a situaciones de persecución y muerte.
El Consejo subrayó que 'las amenazas de muerte que seguimos recibiendo por nuestra labor autónoma de control territorial no responden a ningún proyecto político revolucionario, sino a la mezquina ambición del narcotráfico'.
Unido a ello, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) declaró emergencia humanitaria por la muerte de nativos desde la firma del Acuerdo de Paz.
Sobre el despliegue de soldados ordenado por el Gobierno ante la violencia en el Cauca, expresó que 'ya sabemos que la militarización no es la solución'.
LA VIOLENCIA POLÍTICA
Los hechos de violencia y las demandas de garantías políticas precedieron a las elecciones regionales y locales del 27 de octubre último.
La Misión de Observación Electoral (MOE) precisó que 108 candidatos fueron víctimas de violencia del 27 de julio último al 21 de octubre.
Amenazas, secuestros, atentados y asesinatos fueron algunas de las manifestaciones de ese tipo de hechos.
Durante todo el calendario electoral, la Misión monitoreó permanentemente la violencia sufrida por candidatos, precandidatos, funcionarios de alto nivel de todos los órdenes territoriales, líderes políticos, líderes sociales y miembros de Juntas de Acción Comunal, detalló en un informe sobre el tema.
Unido a ello, varios partidos denunciaron los ataques contra sus candidatos y reclamaron garantías al Gobierno para llevar adelante la campaña electoral.
El asunto resulta tan complejo que, según encuestas realizadas, la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los colombianos.
arb/mfb
*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia.
Todo ello sucede a tres años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a 16 meses de la llegada a la Casa de Nariño (sede la Presidencia) del mandatario Iván Duque.
Diferentes voces coinciden en que cientos de líderes sociales, indígenas y exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, al tiempo que aumentan los llamados a su implementación integral en aras de concretar una paz con justicia social, estable y duradera.
En el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes, insisten también en la necesidad de una presencia integral del Estado en sus territorios, a la vez que se oponen a que haya grupos armados, sean legales o ilegales, e instan a que sean respetadas sus formas propias de defensa.
EL CAUCA, UNO DE LOS DEPARTAMENTO MÁS VIOLENTOS
Al hablar sobre la persistente situación de violencia en el departamento del Cauca, varias voces apuntan a elementos como la ilegalidad y el abandono estatal.
La violencia que se vive en nuestros territorios data de bastante tiempo y es por varias razones, declaró a Prensa Latina la lideresa social Clemencia Carabalí, miembro de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del norte del Cauca.
Apuntó que la zona tiene una ubicación estratégica porque desde ese corredor del norte del Cauca se tiene acceso al interior de país, pero también a la costa pacífica, a la costa caucana y al sur, lo que permite el tráfico de todo tipo de elementos, legales e ilegales.
De igual manera, señaló, la biodiversidad que alberga, así como la riqueza minera, tanto aurífera como petróleo y carbón, hace que los ojos de muchos inversionistas nacionales y extranjeros estén puestos en esta región.
Por otra parte, opinó, el tema del abandono estatal es cómplice precisamente de todas estas situaciones porque la gente no tiene la capacidad ni el acompañamiento técnico jurídico y económico para hacer una explotación en armonía con el medio ambiente.
La gente, a pesar de que vive en un territorio muy rico, no tiene las condiciones para explotarlo racionalmente y en el marco del desarrollo propio, como lo dicen las leyes para comunidades negras y para comunidades indígenas, detalló Carabalí.
A su juicio, otro problema es la falta de cumplimiento de la palabra empeñada con el Acuerdo de Paz, pues 'eso se ha convertido en un caldo de cultivo para el deterioro de los derechos de la gente en nuestra región'.
La lideresa social remarcó además que el tema de la minería ilegal hace muchísimo daño en el territorio, no solo daña la naturaleza sino especialmente la vida de hombres y mujeres porque contamina el aire, el ambiente.
A juicio de Rossi Jair Muñoz, defensor del Pueblo Regional Cauca, el narcotráfico, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito están entre los problemas que afectan el orden público en esa zona del suroeste colombiano.
Se han venido presentando hechos que están afectando el orden público. La gente del Cauca es gente de paz. Este es un tema que el Defensor del Pueblo a nivel nacional, Carlos Negret, ha visibilizado para nuestro departamento. Queremos ser un territorio de paz, declaró Muñoz a Prensa Latina.
A su juicio, es necesaria la presencia de la institucionalidad. Mirar la institucionalidad es mirar nuevamente al campo, a nuestros campesinos, a nuestros indígenas; fomentar los cultivos lícitos en la región; llegar a la sociedad a través de vías, de puestos de salud, colegios, precisó.
Ese es un componente que hace parte de lo que ha solicitado el Defensor del Pueblo para que nuestras comunidades puedan vivir en paz y tener sosiego en esta región, apuntó.
Bajo tales condiciones, enfatizó, estamos advirtiendo sobre la importancia de atender a las alertas tempranas, lo cual es un sistema de prevención y de protección de los derechos humanos.
Hacemos un llamado para que se tengan en cuenta las observaciones y recomendaciones que hacemos en nuestras alertas tempranas por parte de la institucionalidad, remarcó.
La Defensoría del Pueblo calificó la situación como una catástrofe humanitaria por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley para apoderarse de las rutas del narcotráfico y por la minería ilegal.
En dicho contexto, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) comunicó que sigue vigente el estado de emergencia territorial, ante las acciones violentas contra miembros de las comunidades originarias.
El CRIC hizo un llamado a todas las estructuras de la organización nativa y comunidad en general para seguir atentos y vigilantes.
También alertó a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales sobre los hechos que se vienen presentando en la zona, que no se limitan a amenazas escritas, sino a situaciones de persecución y muerte.
El Consejo subrayó que 'las amenazas de muerte que seguimos recibiendo por nuestra labor autónoma de control territorial no responden a ningún proyecto político revolucionario, sino a la mezquina ambición del narcotráfico'.
Unido a ello, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) declaró emergencia humanitaria por la muerte de nativos desde la firma del Acuerdo de Paz.
Sobre el despliegue de soldados ordenado por el Gobierno ante la violencia en el Cauca, expresó que 'ya sabemos que la militarización no es la solución'.
LA VIOLENCIA POLÍTICA
Los hechos de violencia y las demandas de garantías políticas precedieron a las elecciones regionales y locales del 27 de octubre último.
La Misión de Observación Electoral (MOE) precisó que 108 candidatos fueron víctimas de violencia del 27 de julio último al 21 de octubre.
Amenazas, secuestros, atentados y asesinatos fueron algunas de las manifestaciones de ese tipo de hechos.
Durante todo el calendario electoral, la Misión monitoreó permanentemente la violencia sufrida por candidatos, precandidatos, funcionarios de alto nivel de todos los órdenes territoriales, líderes políticos, líderes sociales y miembros de Juntas de Acción Comunal, detalló en un informe sobre el tema.
Unido a ello, varios partidos denunciaron los ataques contra sus candidatos y reclamaron garantías al Gobierno para llevar adelante la campaña electoral.
El asunto resulta tan complejo que, según encuestas realizadas, la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los colombianos.
arb/mfb
*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia.
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