Por Maitte Marrero Canda
Guatemala, 5 jul (Prensa Latina) El Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) cumple este mes 14 años de un hallazgo considerado hoy como pieza clave en la búsqueda de justicia y recuperación de la memoria histórica en Guatemala.
Apilados, en desorden, y parcialmente deteriorados por humedad, roedores y hongos, salieron a la luz fortuitamente unos 60 millones de folios entre 1882 y 1997 y que el Gobierno negaba categóricamente su existencia.
Allí se encontraban registros cotidianos de actividades de seguridad pública a lo largo de diversos gobiernos, pero también reportes, bitácoras y fichas sobre operaciones de seguimiento, captura e incluso ejecución de cientos de guatemaltecos, estudiantes universitarios, catedráticos, profesionales, políticos opositores, periodistas y dirigentes sociales sujetos de vigilancia ilegal.
De acuerdo con un reciente editorial del diario Prensa Libre, 'La vergüenza histórica de los abusos del poder, la intolerancia y la mala utilización del aparato público de seguridad quedó evidenciada en las propias palabras de agentes policiales y sus superiores, pero también de informantes particulares que espiaban las actividades de ciudadanos sin que mediara una orden judicial para ello.'
Por primera vez, se tenían a mano las pruebas documentales de los genocidios cometidos durante el conflicto armado interno por altos mandos del Gobierno, las cuales fueron utilizadas para resolver casos de desapariciones y ejecuciones.
Pero entonces y hoy, su conservación genera amenazas. Desde mediados de 2018, diferentes voces de la sociedad civil alertaron sobre el peligro de que estos informes sobrevivientes del abandono cayeran en manos equivocadas.
Las suspicacias fueron más obvias cuando en mayo último, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, anunció su intención de trasladar el manejo del Archivo de vuelta a esa cartera en lugar de dejarlo en manos del Ministerio de Cultura, encargado debidamente de su cuidado con el apoyo de países donantes.
¿Cerrará sus puertas el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala?, así titulaba a finales del pasado año el diario digital Prensa Comunitaria para llamar la atención sobre la suerte de este emblemático sitio documental.
Una serie de decisiones adoptadas este año por el gobierno de ese país centroamericano tienen sumido en la más completa incertidumbre a los responsables de este proyecto, cuyos traumatismos comenzaron en agosto con la destitución de quien fuera su director por muchos años, Gustavo Meoño Brenner, una decisión totalmente dirigida por el gobierno, tal como lo sostiene.
Con su salida, añade, comenzó a materializarse el riesgo que siempre rodeó el trabajo del Archivo desde que abrió sus puertas al público, en 2009, que el Estado interviniera para impedir o restringir el acceso a información vital, reseñó la publicación
Tras un pequeño pulseo y una denuncia del Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, Gobernación accedió a dejar el AHPN en manos del Ministerio de Cultura y Deportes, pero nuevas reglas conspiran ahora contra el acceso de la información.
Según el acuerdo ministerial 523-2019, el Archivo pasó a llamarse Fondo Documental del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional y se le reconocerá como Patrimonio Cultural de la Nación dentro del Archivo General de Centro América.
Sin embargo, hace dos días se conoció la decisión de restringir el ingreso público con el pretexto de poner orden y preservar los documentos del deterioro.
Otra vez Rodas salió en defensa del Archivo y adelantó que interpondrá una demanda en el Ministerio Público para aclarar el tema, pues desde 14 años venía operando con acceso libre y sin problemas.
La defensa de estos documentos históricos vuelve a estar en manos de la Procuraduría de los Derechos Humanos como a principios de julio de 2015, cuando realizaban una inspección de un viejo edificio y por azar derrumbaron la mentira sostenida por décadas por los organismos de Seguridad del Estado.
Sí existían los archivos, pero su preservación continúa en riesgo, al igual que la colosal tarea de clasificación, análisis, cotejo y digitalización.
acl/mmc
Allí se encontraban registros cotidianos de actividades de seguridad pública a lo largo de diversos gobiernos, pero también reportes, bitácoras y fichas sobre operaciones de seguimiento, captura e incluso ejecución de cientos de guatemaltecos, estudiantes universitarios, catedráticos, profesionales, políticos opositores, periodistas y dirigentes sociales sujetos de vigilancia ilegal.
De acuerdo con un reciente editorial del diario Prensa Libre, 'La vergüenza histórica de los abusos del poder, la intolerancia y la mala utilización del aparato público de seguridad quedó evidenciada en las propias palabras de agentes policiales y sus superiores, pero también de informantes particulares que espiaban las actividades de ciudadanos sin que mediara una orden judicial para ello.'
Por primera vez, se tenían a mano las pruebas documentales de los genocidios cometidos durante el conflicto armado interno por altos mandos del Gobierno, las cuales fueron utilizadas para resolver casos de desapariciones y ejecuciones.
Pero entonces y hoy, su conservación genera amenazas. Desde mediados de 2018, diferentes voces de la sociedad civil alertaron sobre el peligro de que estos informes sobrevivientes del abandono cayeran en manos equivocadas.
Las suspicacias fueron más obvias cuando en mayo último, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, anunció su intención de trasladar el manejo del Archivo de vuelta a esa cartera en lugar de dejarlo en manos del Ministerio de Cultura, encargado debidamente de su cuidado con el apoyo de países donantes.
¿Cerrará sus puertas el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala?, así titulaba a finales del pasado año el diario digital Prensa Comunitaria para llamar la atención sobre la suerte de este emblemático sitio documental.
Una serie de decisiones adoptadas este año por el gobierno de ese país centroamericano tienen sumido en la más completa incertidumbre a los responsables de este proyecto, cuyos traumatismos comenzaron en agosto con la destitución de quien fuera su director por muchos años, Gustavo Meoño Brenner, una decisión totalmente dirigida por el gobierno, tal como lo sostiene.
Con su salida, añade, comenzó a materializarse el riesgo que siempre rodeó el trabajo del Archivo desde que abrió sus puertas al público, en 2009, que el Estado interviniera para impedir o restringir el acceso a información vital, reseñó la publicación
Tras un pequeño pulseo y una denuncia del Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, Gobernación accedió a dejar el AHPN en manos del Ministerio de Cultura y Deportes, pero nuevas reglas conspiran ahora contra el acceso de la información.
Según el acuerdo ministerial 523-2019, el Archivo pasó a llamarse Fondo Documental del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional y se le reconocerá como Patrimonio Cultural de la Nación dentro del Archivo General de Centro América.
Sin embargo, hace dos días se conoció la decisión de restringir el ingreso público con el pretexto de poner orden y preservar los documentos del deterioro.
Otra vez Rodas salió en defensa del Archivo y adelantó que interpondrá una demanda en el Ministerio Público para aclarar el tema, pues desde 14 años venía operando con acceso libre y sin problemas.
La defensa de estos documentos históricos vuelve a estar en manos de la Procuraduría de los Derechos Humanos como a principios de julio de 2015, cuando realizaban una inspección de un viejo edificio y por azar derrumbaron la mentira sostenida por décadas por los organismos de Seguridad del Estado.
Sí existían los archivos, pero su preservación continúa en riesgo, al igual que la colosal tarea de clasificación, análisis, cotejo y digitalización.
acl/mmc
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