Por Rafael Calcines *Santiago de Chile, (Prensa Latina) La grave crisis sufrida por falta de agua potable por los casi 200 mil habitantes de la ciudad de Osorno, puso una vez más en la palestra el problema del uso y la propiedad del agua en Chile.
A estas alturas, cuando en el planeta el empleo de ese recurso indispensable es considerado un derecho humano, en este país austral el debate se centra en cómo lograr que esté al alcance de todos cuando su distribución está en manos privadas y por ello el acceso depende de la capacidad de los ciudadanos para pagar por consumirla.
La crisis de Osorno, que durante diez días mantuvo en emergencia sanitaria a los habitantes de la ciudad por una fuerte contaminación de petróleo en una planta purificadora de agua perteneciente a la empresa Essal, evidenció que esa entidad privada cometió múltiples negligencias y engañó al país e incluso al presidente Sebastián Piñera sobre sus posibilidades solucionar el problema.
Restablecido el servicio, ahora el gobierno, defensor a ultranza de la propiedad privada, parece deshojar margaritas para decidir a cuánto ascenderá el monto de las multas que deberá desembolsar Essal para resarcir a los osorninos de los innumerables daños que causó a las familias y a múltiples negocios de la ciudad.
Incluso, algunos medios de prensa no han tenido remilgos en intentar desviar la atención achancando el problema a las afectaciones que el cambio climático acarrea a la disponibilidad de agua en el país, lo cual es cierto, pero no en el caso de la crisis enfrentada en la sureña ciudad chilena.
Al respecto, el dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, se pronunció alto y claro al señalar que lo ocurrido en la región de Los Lagos obedece al carácter depredador del neoliberalismo y su búsqueda frenética de ganancias y consideró que al igual que Osorno, otras muchas ciudades del país sufren de escasez hídrica por ese motivo.
Por ello, llamó a las bancadas parlamentarias a impulsar con suma urgencia una ley de nacionalización del agua y eliminar definitivamente la política de concesiones y privatización de los bienes básicos.
Para Lagos, el Estado debe garantizar el acceso al agua como un derecho elemental, para lo cual debe pasar a ser propiedad de todos los chilenos.
En igual sentido, una mesa de organizaciones de la comuna de Osorno advirtió que la empresa Essal ha actuado sin ningún control del Estado, aun cuando ha incurrido en graves faltas, dañando lagos, ríos y el medio ambiente.
Asimismo coincidieron en que 'ha llegado la hora de proponer y luchar por tener derechos efectivos sobre nuestras aguas y nuestra calidad de vida', y propusieron la realización de un plebiscito vinculante, para lo cual llamaron a los partidos políticos, parlamentarios y organizaciones sociales a unirse con el objetivo 'devolver al patrimonio del Estado de Chile la potestad sobre este bien común'.
Pero lograr esto no será nada fácil.
Ya muchos advierten que la 'mano dura' anunciada por el presidente Sebastián Piñera para hacer pagar a Essal por su negligencia e incapacidad comienza a ablandarse y las miradas apuntan hacia otro lado cuando se escuchan cada vez más voces reclamando que se cancele a esa compañía la concesión sobre la explotación del agua.
Además, la propia Constitución del país, que data de la época de la dictadura de Augusto Pinochet, establece un modelo de privatización de los recursos que en el caso del agua permite su explotación indiscriminada para beneficiar sobre todo a las grandes empresas agrícolas y a la industria en general.
El Código de Aguas, aprobado en 1981, refrendó esa política, y la reticencia de las grandes empresas y sus representantes en el mundo político a cualquier cambio queda evidenciada en la lentitud con que ha sido asumida una moderada propuesta para introducir algunas modificaciones a esa legislación.
Desde 2011 comenzó la tramitación de un proyecto de ley para modificar el Código que todavía anda dando vueltas en el Congreso de la República.
El análisis de ese texto en el Senado salió a la luz una vez más coincidiendo con el corte del abastecimiento de agua en Osorno y de inmediato varias organizaciones empresariales pusieron el grito en el cielo al considerar que las modificaciones propuestas 'vulneran el derecho de propiedad'.
Pero al analizar esa posición, Christian Valenzuela, ingeniero en Recursos Naturales, consultado por el conservador diario El Mercurio, advirtió que a corto y mediano plazos será necesario regular de forma aun más drástica el uso del vital líquido.
Explicó que a medida que disminuye la disponibilidad de agua en el país, quienes controlen ese recurso aumentarán enormemente su precio y gran parte de la población no podrá acceder a ese recurso vital.
Y concluyó que en Chile es necesario velar 'no solamente porque el acceso al agua sea un derecho, sino porque determina la existencia del derecho a la vida, que es superior al derecho de propiedad, el cual, por consiguiente, también se vería afectado si falta agua'.
arb/rc
*Corresponsal de Prensa Latina en Chile.
La crisis de Osorno, que durante diez días mantuvo en emergencia sanitaria a los habitantes de la ciudad por una fuerte contaminación de petróleo en una planta purificadora de agua perteneciente a la empresa Essal, evidenció que esa entidad privada cometió múltiples negligencias y engañó al país e incluso al presidente Sebastián Piñera sobre sus posibilidades solucionar el problema.
Restablecido el servicio, ahora el gobierno, defensor a ultranza de la propiedad privada, parece deshojar margaritas para decidir a cuánto ascenderá el monto de las multas que deberá desembolsar Essal para resarcir a los osorninos de los innumerables daños que causó a las familias y a múltiples negocios de la ciudad.
Incluso, algunos medios de prensa no han tenido remilgos en intentar desviar la atención achancando el problema a las afectaciones que el cambio climático acarrea a la disponibilidad de agua en el país, lo cual es cierto, pero no en el caso de la crisis enfrentada en la sureña ciudad chilena.
Al respecto, el dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, se pronunció alto y claro al señalar que lo ocurrido en la región de Los Lagos obedece al carácter depredador del neoliberalismo y su búsqueda frenética de ganancias y consideró que al igual que Osorno, otras muchas ciudades del país sufren de escasez hídrica por ese motivo.
Por ello, llamó a las bancadas parlamentarias a impulsar con suma urgencia una ley de nacionalización del agua y eliminar definitivamente la política de concesiones y privatización de los bienes básicos.
Para Lagos, el Estado debe garantizar el acceso al agua como un derecho elemental, para lo cual debe pasar a ser propiedad de todos los chilenos.
En igual sentido, una mesa de organizaciones de la comuna de Osorno advirtió que la empresa Essal ha actuado sin ningún control del Estado, aun cuando ha incurrido en graves faltas, dañando lagos, ríos y el medio ambiente.
Asimismo coincidieron en que 'ha llegado la hora de proponer y luchar por tener derechos efectivos sobre nuestras aguas y nuestra calidad de vida', y propusieron la realización de un plebiscito vinculante, para lo cual llamaron a los partidos políticos, parlamentarios y organizaciones sociales a unirse con el objetivo 'devolver al patrimonio del Estado de Chile la potestad sobre este bien común'.
Pero lograr esto no será nada fácil.
Ya muchos advierten que la 'mano dura' anunciada por el presidente Sebastián Piñera para hacer pagar a Essal por su negligencia e incapacidad comienza a ablandarse y las miradas apuntan hacia otro lado cuando se escuchan cada vez más voces reclamando que se cancele a esa compañía la concesión sobre la explotación del agua.
Además, la propia Constitución del país, que data de la época de la dictadura de Augusto Pinochet, establece un modelo de privatización de los recursos que en el caso del agua permite su explotación indiscriminada para beneficiar sobre todo a las grandes empresas agrícolas y a la industria en general.
El Código de Aguas, aprobado en 1981, refrendó esa política, y la reticencia de las grandes empresas y sus representantes en el mundo político a cualquier cambio queda evidenciada en la lentitud con que ha sido asumida una moderada propuesta para introducir algunas modificaciones a esa legislación.
Desde 2011 comenzó la tramitación de un proyecto de ley para modificar el Código que todavía anda dando vueltas en el Congreso de la República.
El análisis de ese texto en el Senado salió a la luz una vez más coincidiendo con el corte del abastecimiento de agua en Osorno y de inmediato varias organizaciones empresariales pusieron el grito en el cielo al considerar que las modificaciones propuestas 'vulneran el derecho de propiedad'.
Pero al analizar esa posición, Christian Valenzuela, ingeniero en Recursos Naturales, consultado por el conservador diario El Mercurio, advirtió que a corto y mediano plazos será necesario regular de forma aun más drástica el uso del vital líquido.
Explicó que a medida que disminuye la disponibilidad de agua en el país, quienes controlen ese recurso aumentarán enormemente su precio y gran parte de la población no podrá acceder a ese recurso vital.
Y concluyó que en Chile es necesario velar 'no solamente porque el acceso al agua sea un derecho, sino porque determina la existencia del derecho a la vida, que es superior al derecho de propiedad, el cual, por consiguiente, también se vería afectado si falta agua'.
arb/rc
*Corresponsal de Prensa Latina en Chile.
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