09 de agosto de 2019, 01:06
Por Coto Wong *
Asunción, (Prensa Latina) Atrapado en su propio juego y a punto de cumplir su primer año presidencial, Mario Abdo Benítez enfrenta una crisis política que podría costarle la silla principal del Palacio López, sede del Gobierno paraguayo.
Por Coto Wong *Asunción, (Prensa Latina) Atrapado en su propio juego y a punto de cumplir su primer año presidencial, Mario Abdo Benítez enfrenta una crisis política que podría costarle la silla principal del Palacio López, sede del Gobierno paraguayo.
Implicado seriamente en el convenio 'secreto', firmado con Brasil el pasado 24 de mayo para la compra de energía a la hidroeléctrica Itaipú, el jefe de Estado y su vicepresidente, Hugo Velázquez, esperan por un juicio político 'inesperado y letal' que pone a ambos contra las cuerdas.
Ese acuerdo con Brasil fue hecho público el 24 de julio, casi dos meses después de rubricado, tras la renuncia del expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, por no estar de acuerdo con este tratado 'entreguista y perjudicial para Paraguay'.
Firmado por diplomáticos de ambos países, en el pacto se establece el aumento de la potencia contratada por la ANDE para este 2019 y de manera gradual hasta 2022, incrementos que significarían un sobrecosto de unos 250 millones dólares o más para la institución.
El exgerente técnico de ANDE, Fabián Cáceres, señaló que 'se obliga a Paraguay a comprar más energía segura (a mayor costo), lo que en consecuencia implica adquirir menos excedentes (energía barata)'.
'Los brasileños nos sacaron el beneficio que nos permitía tener energía más barata. El costo de entrada es de unos 250 millones de dólares y puede incrementarse, dependiendo del caudal y nivel de agua', dijo Cáceres.
La crisis desatada por ese acuerdo de Itaipú obligó a los principales responsables a presentar su renuncia, como es el caso del canciller Luis Alberto Castiglioni; el director de Itaipú, José Alberto Alderete; el embajador paraguayo ante el Brasil, Hugo Saguier Caballero; y el presidente de la ANDE, Alcides Jiménez.
La presión aumentó sobre las dos principales figuras del Poder Ejecutivo luego de conocerse el contenido del trato y la supuesta implicación del Velázquez al usar sus influencias para favorecer a la empresa brasileña Leros, asociada al gobernante brasileño Jair Bolsonaro.
Mensajes filtrados de conversaciones entre Abdo Benítez -quien cumplirá su primer año presidencial el 15 de agosto-, y Ferreira, publicados recientemente por medios nacionales, dejaron al descubierto que el mandatario sí sabía lo que se tramaba y además utilizó su presión para la firma de ese documento.
Estos hechos -valoraron analistas políticos- pusieron en evidencia esa cruzada de transparencia y verdad que protagoniza Abbo Benítez, quien lanzó la pelota a la Cancillería nacional para esconder su culpabilidad en el hecho.
Salvado en un primer momento el 31 de julio por el movimiento Honor Colorado (HC), del expresidente Horacio Cartes -retiró sus votos para el juicio político-, ahora el mandatario, en un compás de espera, cuenta los días para saber cuál será su destino inmediato.
El pedido de un nuevo proceso judicial fue presentado el 6 de agosto por el opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, segunda fuerza política del país), a la cabeza de otras organizaciones adversas al gobierno y en él se incluye además al ministro de Hacienda, Benigno López.
HC juega sus cartas nuevamente y apuesta ahora alto y claro por la Comisión Bicameral que investigará los hechos; solo entonces, cuando ya estén los resultados, evaluará nuevamente la situación y tomará la decisión de apoyar o no al mandatario, según el presidente del Partido Colorado y titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana.
Para el abogado constitucionalista Hugo Ferreira, esta situación dejó a Abdo Benítez sin una salida de escape y dio lugar a que su permanencia como jefe de Estado dependa del líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.
'Hoy el Gobierno de Abdo Benítez está secuestrado, pues siempre Honor Colorado esgrimirá el tema de los votos para un juicio político', señaló.
arb/cw/cvl
*Corresponsal de Prensa Latina en Paraguay.
Ese acuerdo con Brasil fue hecho público el 24 de julio, casi dos meses después de rubricado, tras la renuncia del expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, por no estar de acuerdo con este tratado 'entreguista y perjudicial para Paraguay'.
Firmado por diplomáticos de ambos países, en el pacto se establece el aumento de la potencia contratada por la ANDE para este 2019 y de manera gradual hasta 2022, incrementos que significarían un sobrecosto de unos 250 millones dólares o más para la institución.
El exgerente técnico de ANDE, Fabián Cáceres, señaló que 'se obliga a Paraguay a comprar más energía segura (a mayor costo), lo que en consecuencia implica adquirir menos excedentes (energía barata)'.
'Los brasileños nos sacaron el beneficio que nos permitía tener energía más barata. El costo de entrada es de unos 250 millones de dólares y puede incrementarse, dependiendo del caudal y nivel de agua', dijo Cáceres.
La crisis desatada por ese acuerdo de Itaipú obligó a los principales responsables a presentar su renuncia, como es el caso del canciller Luis Alberto Castiglioni; el director de Itaipú, José Alberto Alderete; el embajador paraguayo ante el Brasil, Hugo Saguier Caballero; y el presidente de la ANDE, Alcides Jiménez.
La presión aumentó sobre las dos principales figuras del Poder Ejecutivo luego de conocerse el contenido del trato y la supuesta implicación del Velázquez al usar sus influencias para favorecer a la empresa brasileña Leros, asociada al gobernante brasileño Jair Bolsonaro.
Mensajes filtrados de conversaciones entre Abdo Benítez -quien cumplirá su primer año presidencial el 15 de agosto-, y Ferreira, publicados recientemente por medios nacionales, dejaron al descubierto que el mandatario sí sabía lo que se tramaba y además utilizó su presión para la firma de ese documento.
Estos hechos -valoraron analistas políticos- pusieron en evidencia esa cruzada de transparencia y verdad que protagoniza Abbo Benítez, quien lanzó la pelota a la Cancillería nacional para esconder su culpabilidad en el hecho.
Salvado en un primer momento el 31 de julio por el movimiento Honor Colorado (HC), del expresidente Horacio Cartes -retiró sus votos para el juicio político-, ahora el mandatario, en un compás de espera, cuenta los días para saber cuál será su destino inmediato.
El pedido de un nuevo proceso judicial fue presentado el 6 de agosto por el opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, segunda fuerza política del país), a la cabeza de otras organizaciones adversas al gobierno y en él se incluye además al ministro de Hacienda, Benigno López.
HC juega sus cartas nuevamente y apuesta ahora alto y claro por la Comisión Bicameral que investigará los hechos; solo entonces, cuando ya estén los resultados, evaluará nuevamente la situación y tomará la decisión de apoyar o no al mandatario, según el presidente del Partido Colorado y titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana.
Para el abogado constitucionalista Hugo Ferreira, esta situación dejó a Abdo Benítez sin una salida de escape y dio lugar a que su permanencia como jefe de Estado dependa del líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.
'Hoy el Gobierno de Abdo Benítez está secuestrado, pues siempre Honor Colorado esgrimirá el tema de los votos para un juicio político', señaló.
arb/cw/cvl
*Corresponsal de Prensa Latina en Paraguay.
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