Por Manuel Robles SosaLima, 18 ago (Prensa Latina) El rechazo en una encuesta a la destitución del presidente peruano, Martín Vizcarra, confirma que con el parlamento en manos de una mayoría hostil, el mandatario solo cuenta hoy con la aceptación social ante la crisis que enfrenta.
El sondeo de la empresa Ipsos parece dar la razón a quienes piensan que la suerte de Vizcarra depende principalmente de cómo juegue esa carta o cómo la mantenga, en lugar de seguir insistiendo en la conciliación con el sector irreductible de la oposición.
Según la pesquisa, 69 por ciento de los consultados manifestaron su desacuerdo con la vacancia (cese) presidencial que impulsa el polémico político derechista Mauricio Mulder, invocando un acuerdo de un plenario de su Partido Aprista, que rechazan por ilegal su colega de bancada Javier Velásquez y sectores apristas.
La vacancia presidencial es una facultad constitucional que se aplica en caso de que un mandatario cometa determinados delitos graves o incurra en 'incapacidad moral' y es cuestionada por el gobierno.
Juristas de diversas posiciones coinciden en que el cese sería inconstitucional y arbitrario, pues Vizcarra no ha cometido ninguno de los delitos previstos y la causal de incapacidad moral no puede ser aplicada por su carácter arbitrario y subjetivo.
La idea de echar al presidente es una reacción ante la propuesta de Vizcarra de adelantar un año la elección de un nuevo presidente y un nuevo parlamento -ahora controlado por Fuerza Popular (FP), grupo reprobado masivamente en las encuestas-, como salida a la crisis planteada por los desacuerdos entre Ejecutivo y Legislativo.
La destitución presidencial fue rechazada también en forma tácita por la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, en un comunicado público de apoyo a los comicios adelantados.
El pronunciamiento exhorta a Vizcarra a que 'imponga la Constitución y los mecanismos legales' para el adelanto de elecciones, que, señalan, servirá 'al fortalecimiento de la institucionalidad democrática'.
Los comicios adelantados tienen en la encuesta de Ipsos una aceptación de 72 por ciento (frente a una oposición de 24 por ciento) , mientras 75 por ciento respaldan la propuesta presidencial de someter el adelanto a un referendo.
Otra opción promovida por sectores neoliberales, la renuncia de Vizcarra para que asuma la vicepresienta y economista neoliberal Mercedes Aráoz, quien, distanciada del presidente, ha dado señales de aceptación a la fórmula, fue rechazada por 73 por ciento.
Además, 67 por ciento, se oponen a una propuesta parecida, consistente en que renuncien Vizcarra y Aráoz y asuma la presidencia transitoria el presidente del Congreso, el empresario derechista Pedro Olaechea.
Los porcentajes reflejan sobre todo rechazo a la derecha neoliberal y sus propuestas, pues son claramente más altos que la aprobación a la gestión del presidente, de 54 por ciento, aval que, según la experiencia, puede puede crecer o disminuir según las decisiones del mandatario.
En ese contexto, el primer ministro, Salvador del Solar, llamó a repudiar las presiones por la vacancia y a los pedidos de que se cierre el parlamento, que constituyen un clamor popular, y se pronunció por un entendimiento con el parlamento neoliberal, para adelantar los comicios.
El analista Carlos Monge apuntó que la beligerancia del partido Fuerza Popular (FP) contra el adelanto electoral se debe a que sabe que perderá el control del Congreso y necesita este poder para evitar que su jefa, Keiko Fujimori, y la propia organización, sean condenados por delitos por los que son investigados.
rgh/mrs/gdc
Según la pesquisa, 69 por ciento de los consultados manifestaron su desacuerdo con la vacancia (cese) presidencial que impulsa el polémico político derechista Mauricio Mulder, invocando un acuerdo de un plenario de su Partido Aprista, que rechazan por ilegal su colega de bancada Javier Velásquez y sectores apristas.
La vacancia presidencial es una facultad constitucional que se aplica en caso de que un mandatario cometa determinados delitos graves o incurra en 'incapacidad moral' y es cuestionada por el gobierno.
Juristas de diversas posiciones coinciden en que el cese sería inconstitucional y arbitrario, pues Vizcarra no ha cometido ninguno de los delitos previstos y la causal de incapacidad moral no puede ser aplicada por su carácter arbitrario y subjetivo.
La idea de echar al presidente es una reacción ante la propuesta de Vizcarra de adelantar un año la elección de un nuevo presidente y un nuevo parlamento -ahora controlado por Fuerza Popular (FP), grupo reprobado masivamente en las encuestas-, como salida a la crisis planteada por los desacuerdos entre Ejecutivo y Legislativo.
La destitución presidencial fue rechazada también en forma tácita por la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, en un comunicado público de apoyo a los comicios adelantados.
El pronunciamiento exhorta a Vizcarra a que 'imponga la Constitución y los mecanismos legales' para el adelanto de elecciones, que, señalan, servirá 'al fortalecimiento de la institucionalidad democrática'.
Los comicios adelantados tienen en la encuesta de Ipsos una aceptación de 72 por ciento (frente a una oposición de 24 por ciento) , mientras 75 por ciento respaldan la propuesta presidencial de someter el adelanto a un referendo.
Otra opción promovida por sectores neoliberales, la renuncia de Vizcarra para que asuma la vicepresienta y economista neoliberal Mercedes Aráoz, quien, distanciada del presidente, ha dado señales de aceptación a la fórmula, fue rechazada por 73 por ciento.
Además, 67 por ciento, se oponen a una propuesta parecida, consistente en que renuncien Vizcarra y Aráoz y asuma la presidencia transitoria el presidente del Congreso, el empresario derechista Pedro Olaechea.
Los porcentajes reflejan sobre todo rechazo a la derecha neoliberal y sus propuestas, pues son claramente más altos que la aprobación a la gestión del presidente, de 54 por ciento, aval que, según la experiencia, puede puede crecer o disminuir según las decisiones del mandatario.
En ese contexto, el primer ministro, Salvador del Solar, llamó a repudiar las presiones por la vacancia y a los pedidos de que se cierre el parlamento, que constituyen un clamor popular, y se pronunció por un entendimiento con el parlamento neoliberal, para adelantar los comicios.
El analista Carlos Monge apuntó que la beligerancia del partido Fuerza Popular (FP) contra el adelanto electoral se debe a que sabe que perderá el control del Congreso y necesita este poder para evitar que su jefa, Keiko Fujimori, y la propia organización, sean condenados por delitos por los que son investigados.
rgh/mrs/gdc
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