La Paz, 22 ago (Prensa Latina) La justicia de Bolivia dictó hoy detención domiciliaria con salida laboral para el alcalde de La Paz, Luis Revilla, en el proceso en su contra por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, en enero pasado.
El hecho, ocurrido el 15 de enero en el botadero, provocó el arrastre de 200 mil toneladas de desechos sólidos y 10 millones de litros de lixiviados (agua contaminada), en al menos 10 hectáreas de terreno y según expertos, es el mayor desastre ambiental de los últimos años en el país.
El juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Rolando Chaca, determinó la medida contra Revilla, además de presentarse cada 30 días ante la Fiscalía paceña, al fundamentar la existencia de un hecho punible que generó daños a la salud y al medio ambiente, precisó el fiscal Marco Antonio Rodríguez.
Rodríguez informó que, de acuerdo con la investigación, esa instancia judicial estableció la participación del acusado como 'sujeto procesal' por ser la máxima autoridad de la Alcaldía de La Paz y entre sus responsabilidades tiene el manejo del aseo urbano y de los residuos sólidos emergentes.
Confirmó que el Ministerio Público determinó el incumplimiento de leyes y decretos medio ambientales por Revilla al no prevenir, controlar y fiscalizar el tratamiento de la basura por parte de la Empresa de Tratamientos Especializados de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales S.A. (Tersa) en el relleno sanitario de Alpacoma.
Asimismo, la presentación de los informes e inspecciones realizados por especialistas del ministerio de Medio Ambiente y Agua corroboraron esas violaciones y la falta de control técnico y ambiental de las instalaciones y operadores autorizados como era su obligación, sobre la base de la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos del 28 de octubre de 2015.
La norma establece las responsabilidades y sanciones sobre el manejo de los desechos en los diferentes niveles de Gobierno, prioriza la reducción y el aprovechamiento de una forma ambiental segura sin afectar los derechos de la Madre Tierra.
El fiscal destacó el testimonio de 17 habitantes de la comunidad de Magdalena de Cayo, provincia paceña de Achocalla, afectados por intoxicación, ardor en ojos y nariz, malestares físicos en general e infecciones estomacales debido al deslizamiento del botadero y tuvieron que recibir atención médica.
Aseguró que la defensa de Revilla no pudo contra las pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía que establecieron su responsabilidad ante el desastre ambiental.
El alcalde paceño calificó la medida del juez de un 'exceso' y un 'abuso'.
Por otra parte, el director de Procesos Jurisdiccionales de la Alcaldía, Fernando Bascopé, anunció que en las próximas 72 horas apelarán la resolución judicial, alegando supuestos errores y fallas en el documento que vulneran los derechos a la defensa, igualdad y debido proceso.
oda/nmr/cvl
El juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Rolando Chaca, determinó la medida contra Revilla, además de presentarse cada 30 días ante la Fiscalía paceña, al fundamentar la existencia de un hecho punible que generó daños a la salud y al medio ambiente, precisó el fiscal Marco Antonio Rodríguez.
Rodríguez informó que, de acuerdo con la investigación, esa instancia judicial estableció la participación del acusado como 'sujeto procesal' por ser la máxima autoridad de la Alcaldía de La Paz y entre sus responsabilidades tiene el manejo del aseo urbano y de los residuos sólidos emergentes.
Confirmó que el Ministerio Público determinó el incumplimiento de leyes y decretos medio ambientales por Revilla al no prevenir, controlar y fiscalizar el tratamiento de la basura por parte de la Empresa de Tratamientos Especializados de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales S.A. (Tersa) en el relleno sanitario de Alpacoma.
Asimismo, la presentación de los informes e inspecciones realizados por especialistas del ministerio de Medio Ambiente y Agua corroboraron esas violaciones y la falta de control técnico y ambiental de las instalaciones y operadores autorizados como era su obligación, sobre la base de la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos del 28 de octubre de 2015.
La norma establece las responsabilidades y sanciones sobre el manejo de los desechos en los diferentes niveles de Gobierno, prioriza la reducción y el aprovechamiento de una forma ambiental segura sin afectar los derechos de la Madre Tierra.
El fiscal destacó el testimonio de 17 habitantes de la comunidad de Magdalena de Cayo, provincia paceña de Achocalla, afectados por intoxicación, ardor en ojos y nariz, malestares físicos en general e infecciones estomacales debido al deslizamiento del botadero y tuvieron que recibir atención médica.
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oda/nmr/cvl
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