Por Alejandro Gómez *San José, (Prensa Latina) Varios proyectos de ley que cursan en la Asamblea Legislativa de Costa Rica y otro ya aprobado (Educación Dual) son rechazados de plano por los sindicatos al considerar que afectarán seriamente a la clase trabajadora y al pueblo en general.
El de Educación Dual, ya sancionado por el Legislativo, es señalado de favorecer la explotación de mano de obra barata, al no establecer reglas claras sobre la forma en que los estudiantes de los colegios técnicos serán entrenados en diferentes empresas.
Cursan aún en el Parlamento tico iniciativas como Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, mejor conocida como antihuelgas, ya dictaminada por una Comisión Especial y casi lista para ser votada por el Plenario Legislativo, luego de rechazar y aprobar varias mociones al texto original.
La legisladora por el Partido Liberación Nacional, Franggi Nicolás, con el respaldo de otros 12 colegas, presentó un documento sustitutivo que fue descartado. Citada por el informativo digital elmundo.cr, indicó que estará pendiente de lo cuanto está pasando, y posteriormente valorará reiterar algún esfuerzo en el Plenario.
La diputada afirmó que el proyecto original 'es un lobo vestido de oveja que aprovecha una necesidad de regular las huelgas para incorporar artículos abusivos' y añadió que ese texto tiene vacíos importantes en la legislación que generan efectos en el resto de la ciudadanía pero que están creando impacto.
Aseguró que esa iniciativa cercena la libertad de expresión que también es sana en Costa Rica; que hay que regularla, que hay que contenerla, que hay que buscar puntos de equilibrio, sí, pero no amordazando totalmente una manifestación tan natural de los costarricenses ante situaciones particulares.
Nicolás estimó que pretender disolver organizaciones sindicales socializando la culpa de una persona al resto de sus miembros, eso abre un portillo muy delicado para después disolver cooperativas, asociaciones y otros grupos y eso no es de recibo de un Estado.
Por su parte, en un artículo de su autoría sobre el proyecto de ley antihuelgas, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, aseveró que no habrá ley alguna que pare la protesta social en Costa Rica si siguen avanzando el hambre, el desempleo y el empobrecimiento.
'Lo que tenemos en puertas es la apertura de una fase de la convivencia democrática y republicana marcada por el autoritarismo, con formas totalitarias y dictatoriales', apuntó y señaló que 'ciertas conciencias ciudadanas, sometidas a la más grande manipulación mediática de los últimos tiempos, estiman que se trata de una acción 'necesaria' ante los presuntos abusos sindicales'.
Sin embargo, sostuvo, 'en realidad es que vamos a ser insertos en una de las fases más crudas de la imposición total del neoliberalismo en nuestra sociedad, el cual, en esencia, es autoritario per se'.
Aseguró que saben muy bien estos grupos dominantes y sus operadores políticos, tanto a nivel del Ejecutivo como del Parlamento, que la resistencia a la exclusión social y económica y al empobrecimiento generalizado tiende a crecer, tanto en variedad como en mecanismos de autodefensa civil y obrera.
Por tanto, indicó el secretario general de la ANEP, les resulta urgente el control social punitivo, con la perversa visión ideológica que la protesta es un acto delincuencial. 'áHan decidido criminalizarla!', denunció en referencia a la iniciativa que busca prohibir las huelgas y manifestaciones sindicales y sociales en Costa Rica.
Vargas estimó que en Costa Rica 'el deterioro de la Democracia Representativa es una circunstancia sociopolítica innegable, especialmente al acabarse el histórico sistema tradicional bipartidista, mismo que intentara remozarse o camuflarse con el surgimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC), la más grande estafa política de los últimos tiempos'.
Frente a ello, el líder sindical aseveró que la Democracia de la Calle ha venido prestigiándose y legitimándose, generando la furia, la cólera y la ira de los sectores hegemónicamente dominantes, los del gran capital neoliberal y su prensa oficial.
Lo anterior, prosiguió, al punto de que ahora pretenden cercenar el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la misma, con la proscripción del derecho de huelga y de manifestación; abriendo paso a la imposición de un ejercicio autoritario, totalitario y dictatorial de la gestión pública.
Pero, subrayó Vargas, 'no habrá ley alguna que pare la protesta social, que frene la resistencia cívica, que castre la legítima defensa ciudadana si siguen avanzando el hambre, el desempleo y el empobrecimiento'.
En esa misma línea, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) y la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) expresaron su firme oposición al proyecto legal antihuelgas.
'Desde que se presentó el año pasado, Undeca ha rechazado rotundamente la iniciativa de la clase política empresarial, bautizado con el fraudulento nombre de Proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, puntualizó un comunicado de prensa de ambas agrupaciones obreras, divulgado en redes sociales.
Bussco y Undeca recuerdan que este proyecto plantea una afrentosa contrarreforma de varios artículos del Código de Trabajo que contraviene flagrantemente los principios de Libertad Sindical, el Derecho de huelga y la propuesta social.
Añaden que la iniciativa prohíbe la huelga contra cualquier política socioeconómica que afecte al pueblo, rebaja los salarios a la clase trabajadora de forma retroactiva, prohíbe el derecho a paro en la mayoría de servicios públicos, catalogándolos de 'manifiestamente ilegal' y los plazos y requisitos violentan garantías constitucionales.
Tras subrayar que la iniciativa refleja su contenido autoritario y represivo, enerva el derecho humano fundamental a huelga y criminaliza las libertades públicas, las dos agrupaciones consideran que deja 'en absoluta indefensión a la clase trabajadora y al pueblo costarricense frente a un capitalismo salvaje que atenta contra el Estado Social y Democrático'.
Por todo lo anterior, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) anunciaron diversas protestas 2 y 3 de septiembre (gran marcha nacional) contra los referidos proyectos de ley, acciones a las que se le han sumado otras agrupaciones obreras como el Frente Sindical para la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual agrupa a 17 sindicatos del sector salud.
Asimismo, la ANEP adelantó su asistencia a la gran marcha, mientras el Partido Vanguardia Popular (comunista) hacía lo propio y llamó a 'defendernos de los que están conspirando contra la democracia para establecer una violenta dictadura de los poderosos contra los trabajadores y contra todo el pueblo'.
También la Junta Directiva de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) de Costa Rica resaltó que numerosas organizaciones sociales y sindicales han expresado su repudio a la intención de varios diputados, encabezados por Carlos Ricardo Benavides (presidente de la Asamblea Legislativa), de acabar definitivamente con toda posibilidad de diálogo social en Costa Rica.
arb/ale
*Corresponsal de Prensa Latina en Costa Rica.
Cursan aún en el Parlamento tico iniciativas como Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, mejor conocida como antihuelgas, ya dictaminada por una Comisión Especial y casi lista para ser votada por el Plenario Legislativo, luego de rechazar y aprobar varias mociones al texto original.
La legisladora por el Partido Liberación Nacional, Franggi Nicolás, con el respaldo de otros 12 colegas, presentó un documento sustitutivo que fue descartado. Citada por el informativo digital elmundo.cr, indicó que estará pendiente de lo cuanto está pasando, y posteriormente valorará reiterar algún esfuerzo en el Plenario.
La diputada afirmó que el proyecto original 'es un lobo vestido de oveja que aprovecha una necesidad de regular las huelgas para incorporar artículos abusivos' y añadió que ese texto tiene vacíos importantes en la legislación que generan efectos en el resto de la ciudadanía pero que están creando impacto.
Aseguró que esa iniciativa cercena la libertad de expresión que también es sana en Costa Rica; que hay que regularla, que hay que contenerla, que hay que buscar puntos de equilibrio, sí, pero no amordazando totalmente una manifestación tan natural de los costarricenses ante situaciones particulares.
Nicolás estimó que pretender disolver organizaciones sindicales socializando la culpa de una persona al resto de sus miembros, eso abre un portillo muy delicado para después disolver cooperativas, asociaciones y otros grupos y eso no es de recibo de un Estado.
Por su parte, en un artículo de su autoría sobre el proyecto de ley antihuelgas, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, aseveró que no habrá ley alguna que pare la protesta social en Costa Rica si siguen avanzando el hambre, el desempleo y el empobrecimiento.
'Lo que tenemos en puertas es la apertura de una fase de la convivencia democrática y republicana marcada por el autoritarismo, con formas totalitarias y dictatoriales', apuntó y señaló que 'ciertas conciencias ciudadanas, sometidas a la más grande manipulación mediática de los últimos tiempos, estiman que se trata de una acción 'necesaria' ante los presuntos abusos sindicales'.
Sin embargo, sostuvo, 'en realidad es que vamos a ser insertos en una de las fases más crudas de la imposición total del neoliberalismo en nuestra sociedad, el cual, en esencia, es autoritario per se'.
Aseguró que saben muy bien estos grupos dominantes y sus operadores políticos, tanto a nivel del Ejecutivo como del Parlamento, que la resistencia a la exclusión social y económica y al empobrecimiento generalizado tiende a crecer, tanto en variedad como en mecanismos de autodefensa civil y obrera.
Por tanto, indicó el secretario general de la ANEP, les resulta urgente el control social punitivo, con la perversa visión ideológica que la protesta es un acto delincuencial. 'áHan decidido criminalizarla!', denunció en referencia a la iniciativa que busca prohibir las huelgas y manifestaciones sindicales y sociales en Costa Rica.
Vargas estimó que en Costa Rica 'el deterioro de la Democracia Representativa es una circunstancia sociopolítica innegable, especialmente al acabarse el histórico sistema tradicional bipartidista, mismo que intentara remozarse o camuflarse con el surgimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC), la más grande estafa política de los últimos tiempos'.
Frente a ello, el líder sindical aseveró que la Democracia de la Calle ha venido prestigiándose y legitimándose, generando la furia, la cólera y la ira de los sectores hegemónicamente dominantes, los del gran capital neoliberal y su prensa oficial.
Lo anterior, prosiguió, al punto de que ahora pretenden cercenar el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la misma, con la proscripción del derecho de huelga y de manifestación; abriendo paso a la imposición de un ejercicio autoritario, totalitario y dictatorial de la gestión pública.
Pero, subrayó Vargas, 'no habrá ley alguna que pare la protesta social, que frene la resistencia cívica, que castre la legítima defensa ciudadana si siguen avanzando el hambre, el desempleo y el empobrecimiento'.
En esa misma línea, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) y la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) expresaron su firme oposición al proyecto legal antihuelgas.
'Desde que se presentó el año pasado, Undeca ha rechazado rotundamente la iniciativa de la clase política empresarial, bautizado con el fraudulento nombre de Proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, puntualizó un comunicado de prensa de ambas agrupaciones obreras, divulgado en redes sociales.
Bussco y Undeca recuerdan que este proyecto plantea una afrentosa contrarreforma de varios artículos del Código de Trabajo que contraviene flagrantemente los principios de Libertad Sindical, el Derecho de huelga y la propuesta social.
Añaden que la iniciativa prohíbe la huelga contra cualquier política socioeconómica que afecte al pueblo, rebaja los salarios a la clase trabajadora de forma retroactiva, prohíbe el derecho a paro en la mayoría de servicios públicos, catalogándolos de 'manifiestamente ilegal' y los plazos y requisitos violentan garantías constitucionales.
Tras subrayar que la iniciativa refleja su contenido autoritario y represivo, enerva el derecho humano fundamental a huelga y criminaliza las libertades públicas, las dos agrupaciones consideran que deja 'en absoluta indefensión a la clase trabajadora y al pueblo costarricense frente a un capitalismo salvaje que atenta contra el Estado Social y Democrático'.
Por todo lo anterior, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) anunciaron diversas protestas 2 y 3 de septiembre (gran marcha nacional) contra los referidos proyectos de ley, acciones a las que se le han sumado otras agrupaciones obreras como el Frente Sindical para la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual agrupa a 17 sindicatos del sector salud.
Asimismo, la ANEP adelantó su asistencia a la gran marcha, mientras el Partido Vanguardia Popular (comunista) hacía lo propio y llamó a 'defendernos de los que están conspirando contra la democracia para establecer una violenta dictadura de los poderosos contra los trabajadores y contra todo el pueblo'.
También la Junta Directiva de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) de Costa Rica resaltó que numerosas organizaciones sociales y sindicales han expresado su repudio a la intención de varios diputados, encabezados por Carlos Ricardo Benavides (presidente de la Asamblea Legislativa), de acabar definitivamente con toda posibilidad de diálogo social en Costa Rica.
arb/ale
*Corresponsal de Prensa Latina en Costa Rica.
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