Foto PL: Osvaldo Rodríguez
Panamá, 13 sep (Prensa Latina) Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son formas modernas de privatización y una receta que 'ofrecen o imponen' los bancos multilaterales para que los países manejen su sector público, opinaron hoy aquí expertos.
La economista Maribel Gordon y el politólogo Richard Morales en diferentes medios de prensa expresaron sus criterios adversos a una ley recientemente aprobada por el Parlamento y pendiente a la rúbrica del Ejecutivo, la cual norma los vínculos del Estado y las empresas privadas en esa modalidad.
Según Morales, los estudios que se han hecho sobre la experiencia de las APP en varios lugares del mundo, 'el saldo es negativo, porque han resultado más costosas e ineficientes a la hora de financiar, construir y prestar servicios públicos, incluso si nos atenemos a la definición, en Panamá se han estado implementando desde los 90'.
Señaló que el Banco Mundial así lo reconoce, e informó que hay 88 contratos de APP en el país que se firmaron desde 1994 a la fecha. Al referirse al concepto resumió que 'es un paso de un bien público a una empresa privada', y consiste en un contrato a largo plazo para que la última realice una actividad productiva tradicionalmente asumida por el gobierno, en entrevista con Radio Panamá.
En igual sentido se pronunció Gordón, quien afirmó que 'desde el punto de vista de costos financieros, es importante establecer que resultan más caras que los procesos tradicionales de contratación pública, debido al costo de capital, las expectativas de ganancias y los costos de transacción', quien respondió preguntas del diario La Estrella.
Agregó que 'las empresas privadas persiguen obtener ganancias de sus inversiones, lo cual significa un mayor costo para el público y los usuarios', que se incrementa en los casos de tarifas por la prestación del servicio y ofreció el dato de las ganancias, las cuales son de entre 12 y 25 por ciento anual, según organismos globales de crédito.
La economista alertó que el propio Fondo Monetario Internacional señaló que, en el mundo, más de la mitad de los contratos de las APP se renegociaron después de los primeros dos años,como promedio, lo que se traduce en un incremento de las tarifas a los usuarios y enmascara el contrato renovado, a la vez que favorece la corrupción.
'Entre las modalidades de las APP podremos encontrar las concesiones, contratos de administración o las asociaciones de riesgo compartido', formas todas catalogadas como privatización por el Banco Interamericano de Desarrollo, según Gordón, porque implican el traslado de funciones públicas al sector privado.
En un reciente artículo titulado APP: subsidio a los multimillonarios, Morales señaló que estas son el más reciente intento por privatizar al Estado panameño, con un esquema fraudulento de gestión privada de bienes y servicios públicos.
Entre los factores negativos, relacionó: 'disfraza el endeudamiento, aumenta los costos y riesgos, agudiza los impactos sociales y ambientales, reduce la transparencia, y finalmente desvía los recursos para la inversión social hacia superfluas, pero lucrativas, megaobras'.
El joven politólogo fue concluyente al sentenciar: '?se despoja a los panameños de los bienes públicos para entregárselo a unos cuantos oligarcas para que acumulen riqueza a costa de nuestro patrimonio. Privatizar no resuelve necesidades, hace negocios con ellas'.
mv/orm
Según Morales, los estudios que se han hecho sobre la experiencia de las APP en varios lugares del mundo, 'el saldo es negativo, porque han resultado más costosas e ineficientes a la hora de financiar, construir y prestar servicios públicos, incluso si nos atenemos a la definición, en Panamá se han estado implementando desde los 90'.
Señaló que el Banco Mundial así lo reconoce, e informó que hay 88 contratos de APP en el país que se firmaron desde 1994 a la fecha. Al referirse al concepto resumió que 'es un paso de un bien público a una empresa privada', y consiste en un contrato a largo plazo para que la última realice una actividad productiva tradicionalmente asumida por el gobierno, en entrevista con Radio Panamá.
En igual sentido se pronunció Gordón, quien afirmó que 'desde el punto de vista de costos financieros, es importante establecer que resultan más caras que los procesos tradicionales de contratación pública, debido al costo de capital, las expectativas de ganancias y los costos de transacción', quien respondió preguntas del diario La Estrella.
Agregó que 'las empresas privadas persiguen obtener ganancias de sus inversiones, lo cual significa un mayor costo para el público y los usuarios', que se incrementa en los casos de tarifas por la prestación del servicio y ofreció el dato de las ganancias, las cuales son de entre 12 y 25 por ciento anual, según organismos globales de crédito.
La economista alertó que el propio Fondo Monetario Internacional señaló que, en el mundo, más de la mitad de los contratos de las APP se renegociaron después de los primeros dos años,como promedio, lo que se traduce en un incremento de las tarifas a los usuarios y enmascara el contrato renovado, a la vez que favorece la corrupción.
'Entre las modalidades de las APP podremos encontrar las concesiones, contratos de administración o las asociaciones de riesgo compartido', formas todas catalogadas como privatización por el Banco Interamericano de Desarrollo, según Gordón, porque implican el traslado de funciones públicas al sector privado.
En un reciente artículo titulado APP: subsidio a los multimillonarios, Morales señaló que estas son el más reciente intento por privatizar al Estado panameño, con un esquema fraudulento de gestión privada de bienes y servicios públicos.
Entre los factores negativos, relacionó: 'disfraza el endeudamiento, aumenta los costos y riesgos, agudiza los impactos sociales y ambientales, reduce la transparencia, y finalmente desvía los recursos para la inversión social hacia superfluas, pero lucrativas, megaobras'.
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