Por Martha Andrés RománWashington, 1 oct (Prensa Latina) Los llamados al control de armas siguen vigentes en Estados Unidos cuando se cumplen hoy dos años del tiroteo masivo más mortífero en la historia del país.
Las más de 20 mil personas que en la noche del 1 de octubre de 2017 se encontraban en el concierto final del festival de música country Route 91 Harvest, celebrado en Las Vegas, Nevada, seguramente tienen aún grabadas las trágicas imágenes de la masacre que dejó 58 muertos y más de 500 heridos.
Ese día, un hombre identificado como Stephen Paddock, de 64 años, realizó más de mil disparos desde su habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay y luego se suicidó con un tiro en la cabeza.
Como parte de las investigaciones, las fuerzas del orden encontraron en la habitación del hotel 23 armas de asalto, 14 de ellas equipadas con 'bump stocks', accesorios que permiten a los rifles semiautomáticos disparar ráfagas sostenidas.
A finales de 2018 la administración de Donald Trump emitió una regla que prohíbe la venta o posesión de los bump stocks bajo una nueva interpretación de la ley existente, y dio a quienes los poseyeran un plazo de 90 días para destruirlos o entregarlos, el cual se cumplió en marzo pasado.
Más allá de ese veto y de regulaciones adoptadas en algunos estados, prácticamente nada ha cambiado en cuanto a la posesión de armamento en un país que, con solo un 4,4 por ciento de la población mundial, posee casi la mitad de las armas de fuego que se calcula que existen en el mundo en manos de civiles.
Poco más de un mes después de la tragedia en Las Vegas, el 5 de noviembre de 2017, 26 personas perdieron la vida en el tiroteo de la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, una pequeña localidad de Texas con menos de 600 habitantes.
Asimismo, gran conmoción provocó a nivel nacional e internacional la matanza ocurrida el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, donde un exalumno de 19 años disparó con un fusil semiautomático tipo AR-15 adquirido de forma legal y asesinó a 17 personas.
Lo sucedido allí convirtió a los sobrevivientes en fuertes activistas a favor de un mayor control de armas, con serias demandas como eliminar los rifles de asalto, elevar a 21 años la edad mínima para comprar armamento, y llamados a los políticos a no aceptar donaciones de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).
Pero, como suele suceder tras cada tiroteo masivo, la respuesta fue la inacción de políticos y legisladores, y el 18 de mayo otra institución docente fue escenario de una matanza, la escuela secundaria de Santa Fe, Texas, donde fallecieron 10 personas.
El saldo de víctimas mortales de la violencia armada siguió creciendo en 2018 con masacres como la del 27 de octubre en la sinagoga Árbol de la Vida, en el vecindario de Squirrel Hill de Pittsburgh, Pensilvania, (11 fallecidos); y la del 7 de noviembre en el Borderline Bar and Grill de Thousand Oaks, California (13 decesos).
Durante 2019 el luto por los tiroteos masivos no dejó de golpear a Estados Unidos, sobre todo tras varias masacres que tuvieron lugar el verano pasado con pocos días de diferencia.
En particular generaron gran tristeza y condena las de los días 3 y 4 de agosto en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, con saldo de 31 muertos entre ambos hechos, el primero de los cuales es investigado como terrorismo doméstico y crimen de odio.
Poco después de esos sucesos, Trump pronunció una declaración en la Casa Blanca en el cual propuso acciones contra los tiroteos masivos, pero ninguna de ellas estuvo relacionada con incrementar el control de armas.
El mandatario republicano culpó de la violencia armada a los problemas de salud mental, al uso de Internet y las redes sociales e, incluso, a los videojuegos, pero trató de desvincularlos continuamente del armamento de fuego.
La enfermedad mental y el odio aprietan el gatillo, no las armas, apuntó entonces el gobernante, quien primero se dijo dispuesto a apoyar una ampliación de las verificaciones de antecedentes de quienes adquieren esos artefactos, pero después de un diálogo con la dirigencia de la NRA pareció retractarse.
De ese modo, en el segundo aniversario de la tragedia en Las Vegas siguen sin cumplirse los reclamos realizados a raíz de ese hecho, y aunque los miembros del Congreso tienen el tema entre sus prioridades legislativas, no ha habido avance luego de que regresaron a Washington tras el receso de agosto.
Mañana, en un foro que se efectuará en esa ciudad de Nevada, 10 aspirantes demócratas a la Casa Blanca discutirán sobre sus planes para enfrentar el problema en una nación donde han ocurrido 316 tiroteos masivos en lo que va de año, según el Archivo de la Violencia Armada.
mem/mar
Ese día, un hombre identificado como Stephen Paddock, de 64 años, realizó más de mil disparos desde su habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay y luego se suicidó con un tiro en la cabeza.
Como parte de las investigaciones, las fuerzas del orden encontraron en la habitación del hotel 23 armas de asalto, 14 de ellas equipadas con 'bump stocks', accesorios que permiten a los rifles semiautomáticos disparar ráfagas sostenidas.
A finales de 2018 la administración de Donald Trump emitió una regla que prohíbe la venta o posesión de los bump stocks bajo una nueva interpretación de la ley existente, y dio a quienes los poseyeran un plazo de 90 días para destruirlos o entregarlos, el cual se cumplió en marzo pasado.
Más allá de ese veto y de regulaciones adoptadas en algunos estados, prácticamente nada ha cambiado en cuanto a la posesión de armamento en un país que, con solo un 4,4 por ciento de la población mundial, posee casi la mitad de las armas de fuego que se calcula que existen en el mundo en manos de civiles.
Poco más de un mes después de la tragedia en Las Vegas, el 5 de noviembre de 2017, 26 personas perdieron la vida en el tiroteo de la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, una pequeña localidad de Texas con menos de 600 habitantes.
Asimismo, gran conmoción provocó a nivel nacional e internacional la matanza ocurrida el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, donde un exalumno de 19 años disparó con un fusil semiautomático tipo AR-15 adquirido de forma legal y asesinó a 17 personas.
Lo sucedido allí convirtió a los sobrevivientes en fuertes activistas a favor de un mayor control de armas, con serias demandas como eliminar los rifles de asalto, elevar a 21 años la edad mínima para comprar armamento, y llamados a los políticos a no aceptar donaciones de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).
Pero, como suele suceder tras cada tiroteo masivo, la respuesta fue la inacción de políticos y legisladores, y el 18 de mayo otra institución docente fue escenario de una matanza, la escuela secundaria de Santa Fe, Texas, donde fallecieron 10 personas.
El saldo de víctimas mortales de la violencia armada siguió creciendo en 2018 con masacres como la del 27 de octubre en la sinagoga Árbol de la Vida, en el vecindario de Squirrel Hill de Pittsburgh, Pensilvania, (11 fallecidos); y la del 7 de noviembre en el Borderline Bar and Grill de Thousand Oaks, California (13 decesos).
Durante 2019 el luto por los tiroteos masivos no dejó de golpear a Estados Unidos, sobre todo tras varias masacres que tuvieron lugar el verano pasado con pocos días de diferencia.
En particular generaron gran tristeza y condena las de los días 3 y 4 de agosto en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, con saldo de 31 muertos entre ambos hechos, el primero de los cuales es investigado como terrorismo doméstico y crimen de odio.
Poco después de esos sucesos, Trump pronunció una declaración en la Casa Blanca en el cual propuso acciones contra los tiroteos masivos, pero ninguna de ellas estuvo relacionada con incrementar el control de armas.
El mandatario republicano culpó de la violencia armada a los problemas de salud mental, al uso de Internet y las redes sociales e, incluso, a los videojuegos, pero trató de desvincularlos continuamente del armamento de fuego.
La enfermedad mental y el odio aprietan el gatillo, no las armas, apuntó entonces el gobernante, quien primero se dijo dispuesto a apoyar una ampliación de las verificaciones de antecedentes de quienes adquieren esos artefactos, pero después de un diálogo con la dirigencia de la NRA pareció retractarse.
De ese modo, en el segundo aniversario de la tragedia en Las Vegas siguen sin cumplirse los reclamos realizados a raíz de ese hecho, y aunque los miembros del Congreso tienen el tema entre sus prioridades legislativas, no ha habido avance luego de que regresaron a Washington tras el receso de agosto.
Mañana, en un foro que se efectuará en esa ciudad de Nevada, 10 aspirantes demócratas a la Casa Blanca discutirán sobre sus planes para enfrentar el problema en una nación donde han ocurrido 316 tiroteos masivos en lo que va de año, según el Archivo de la Violencia Armada.
mem/mar
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