Quito, 9 oct (Prensa Latina) La protesta nacional que se desarrolla hoy en la capital de Ecuador y otros estados del país es reprimida por efectivos de la policía, quienes responden al estado excepción decretado por el presidente Lenin Moreno.
Tras las medidas económicas impuestas por el Gobierno ecuatoriano la pasada semana, diversas organizaciones sociales y representantes de la comunidad indígena convocaron para una marcha nacional en protesta a lo que denominan como un 'paquetazo'.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo ecuatoriano mediante la red social Twitter, condenó el uso de ambulancias y personal médico para fines diferentes a los de brindar asistencia médica, conforme a lo establecido en los Convenios de Ginebra.
La condena de la organización responde a una denuncia popular realizada tras las utilización de ambulancias para abastecer a uniformados con material de represión contra los manifestantes en Quito.
Por su parte, la representación nacional de los Jesuitas mediante un comunicado expresó que la resistencia social y su expresión en las calles por el descontento, es un derecho ciudadano.
En ese sentido, recalcaron su apoyo a las protestas pacíficas e instaron a que se respeten dentro del orden constitucional. 'La violencia que se ha generado estos días desde algunos grupos, no puede ser aceptada', reseña el texto.
Otras organizaciones no gubernamentales alertan a los manifestantes y a la comunidad internacionales mediante imágenes y videos en las redes sociales sobre la utilización de armas de fuego y gases lacrimógenos para dispersar las marchas.
Igualmente, la Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas recordó en un comunicado a las autoridades que tienen el deber de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente 'protegiendo los derechos a la libertad de expresión y opinión, a la reunión pacífica y a participar en los asuntos públicos'.
El organismo recalcó que solamente debe aplicarse el uso de la fuerza 'en casos excepcionales' y que se han de acatar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.
Por último, alentó al desarrollo de medidas de confianza que contribuyan a originar espacios de diálogo constructivo para preservar los derechos humanos de la ciudadanía.
Ante el inestable escenario, las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron que 'actúan en estricto cumplimiento de las normas y procedimientos legales correspondientes'.
En esa línea de mensaje, aseguraron que se 'deslindan de todo tipo de responsabilidad en el cumplimiento de su deber, y las consecuencias que se originen serán de responsabilidad exclusiva de los actores que han generado esta convulsión social, en especial de sus líderes y dirigentes.'
jha/odf
Al respecto, la Defensoría del Pueblo ecuatoriano mediante la red social Twitter, condenó el uso de ambulancias y personal médico para fines diferentes a los de brindar asistencia médica, conforme a lo establecido en los Convenios de Ginebra.
La condena de la organización responde a una denuncia popular realizada tras las utilización de ambulancias para abastecer a uniformados con material de represión contra los manifestantes en Quito.
Por su parte, la representación nacional de los Jesuitas mediante un comunicado expresó que la resistencia social y su expresión en las calles por el descontento, es un derecho ciudadano.
En ese sentido, recalcaron su apoyo a las protestas pacíficas e instaron a que se respeten dentro del orden constitucional. 'La violencia que se ha generado estos días desde algunos grupos, no puede ser aceptada', reseña el texto.
Otras organizaciones no gubernamentales alertan a los manifestantes y a la comunidad internacionales mediante imágenes y videos en las redes sociales sobre la utilización de armas de fuego y gases lacrimógenos para dispersar las marchas.
Igualmente, la Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas recordó en un comunicado a las autoridades que tienen el deber de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente 'protegiendo los derechos a la libertad de expresión y opinión, a la reunión pacífica y a participar en los asuntos públicos'.
El organismo recalcó que solamente debe aplicarse el uso de la fuerza 'en casos excepcionales' y que se han de acatar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.
Por último, alentó al desarrollo de medidas de confianza que contribuyan a originar espacios de diálogo constructivo para preservar los derechos humanos de la ciudadanía.
Ante el inestable escenario, las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron que 'actúan en estricto cumplimiento de las normas y procedimientos legales correspondientes'.
En esa línea de mensaje, aseguraron que se 'deslindan de todo tipo de responsabilidad en el cumplimiento de su deber, y las consecuencias que se originen serán de responsabilidad exclusiva de los actores que han generado esta convulsión social, en especial de sus líderes y dirigentes.'
jha/odf
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