Crece tensión en Ecuador tras muertes por represión
Crece tensión en Ecuador tras muertes por represión
Crece tensión en Ecuador tras muertes por represión
10 de octubre de 2019, 18:15Por Sinay Céspedes Moreno
Quito, 10 oct (Prensa Latina) La tensión crece hoy en Ecuador, donde disminuyen cada vez más las posibilidades de diálogo entre indígenas y el gobierno, tras la confirmación de muertes de manifestantes, por la represión gubernamental de protestas realizadas contra medidas económicas, consideradas 'paquetazo'.
Quito, 10 oct (Prensa Latina) La tensión crece hoy en Ecuador, donde disminuyen cada vez más las posibilidades de diálogo entre indígenas y el gobierno, tras la confirmación de muertes de manifestantes, por la represión gubernamental de protestas realizadas contra medidas económicas, consideradas 'paquetazo'.
Cuando se cumple el octavo día de movilizaciones en diferentes ciudades de este país sudamericano, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) denunció al mundo el fallecimiento de varios de sus miembros, como resultado de la severa represión policial desatada para disipar las protestas.
En ese contexto, afirmó que en los próximos días revelará datos de decesos, heridos y desaparecidos, ocultados por las autoridades nacionales y algunos medios de comunicación.
Desde esta mañana, cientos de representantes de pueblos y nacionalidades, se mantienen en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el centro capitalino, donde realizaron ceremonias por los caídos, a quienes denominaron héroes.
Asimismo, analizaron las próximas estrategias de Conaie, luego de la declaración de resistencia nacional y reforzamiento de acciones, anunciada por su presidente, Jaime Vargas, quien responsabilizó al presidente, Lenín Moreno, al gobierno y las fuerzas del orden, de promover la violencia contra los movilizados y por ende, las muertes.
La situación reinante dificulta más las oportunidades de un acercamiento o conversaciones entre la dirigencia indígena y el gobierno, que adelantó supuestos avances en un diálogo, desmentido más tarde por la Conaie.
Inicialmente, la Confederación condicionó las conversaciones a la derogación del decreto que eliminó el subsidio a los combustibles y provocó un alza en tarifas del transporte público y precios de alimentos, a lo cual se opuso el ejecutivo.
Ahora, tras el recrudecimiento de la represión, incluso contra centros de acogida de manifestantes instalados en varias universidades, los requisitos para sentarse a la mesa de negociaciones aumentaron.
La Conaie exige la separación del cargo de la ministra de gobierno, María Paula Romo, y al encargado de Defensa, Oswaldo Jarrín, así como la salida del país del Fondo Monetario Internacional, que según estiman, acordó otorgar un préstamo al estado, condicionado por medidas neoliberales, causantes solo de mayor pobreza y endeudamiento.
En medio de ese panorama, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la iglesia católica y varias universidades manifestaron disposición de mediar en el conflicto, y dieron algunos pasos en ese sentido para intentar facilitar las conversaciones.
Al respecto, el movimiento indígena precisó que a la ONU solo se le pidió ser garantes de los derechos humanos y desalojar a las Fuerzas Armadas de los puntos donde luchan los pueblos indígenas.
De su lado, el gobierno dijo que comunicó a los mediadores la decisión de no dar marcha atrás con las medidas, las cuales incluyen reducir en 20 por ciento el salario para contratos temporales renovados y disminuir el período vacacional de empleados de empresas públicos de 30 a 15 días, ambas rechazadas por la población.
En ese contexto y con el afán de facilitar posibles conversaciones hacia consensos para que retorne la normalidad al país, instituciones de estado como la Defensoría del Pueblo llaman al ejecutivo a poner fin al estado de excepción declarado el pasado 3 de octubre y vigente por 30 días, por considerar que solo provocó mayor violencia y conmoción social.
Mientras, en varias ciudades de esta nación andina continúan las manifestaciones de sectores sociales, opuestos, no solo a las recientes medidas económicas, sino también a la represión policial desatada contra quienes protestan, en franca violación al derecho a la protesta, contemplado en la Constitución.
Bajo las consignas: 'El Paro No Para' y 'El Paro Sigue', trabajadores, estudiantes universitarios, académicos, campesinos y otros sectores, unidos a las nacionalidades indígenas, aseguran que se mantendrán en pie de lucha, hasta ver sus demandas cumplidas.
mv/scm
En ese contexto, afirmó que en los próximos días revelará datos de decesos, heridos y desaparecidos, ocultados por las autoridades nacionales y algunos medios de comunicación.
Desde esta mañana, cientos de representantes de pueblos y nacionalidades, se mantienen en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el centro capitalino, donde realizaron ceremonias por los caídos, a quienes denominaron héroes.
Asimismo, analizaron las próximas estrategias de Conaie, luego de la declaración de resistencia nacional y reforzamiento de acciones, anunciada por su presidente, Jaime Vargas, quien responsabilizó al presidente, Lenín Moreno, al gobierno y las fuerzas del orden, de promover la violencia contra los movilizados y por ende, las muertes.
La situación reinante dificulta más las oportunidades de un acercamiento o conversaciones entre la dirigencia indígena y el gobierno, que adelantó supuestos avances en un diálogo, desmentido más tarde por la Conaie.
Inicialmente, la Confederación condicionó las conversaciones a la derogación del decreto que eliminó el subsidio a los combustibles y provocó un alza en tarifas del transporte público y precios de alimentos, a lo cual se opuso el ejecutivo.
Ahora, tras el recrudecimiento de la represión, incluso contra centros de acogida de manifestantes instalados en varias universidades, los requisitos para sentarse a la mesa de negociaciones aumentaron.
La Conaie exige la separación del cargo de la ministra de gobierno, María Paula Romo, y al encargado de Defensa, Oswaldo Jarrín, así como la salida del país del Fondo Monetario Internacional, que según estiman, acordó otorgar un préstamo al estado, condicionado por medidas neoliberales, causantes solo de mayor pobreza y endeudamiento.
En medio de ese panorama, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la iglesia católica y varias universidades manifestaron disposición de mediar en el conflicto, y dieron algunos pasos en ese sentido para intentar facilitar las conversaciones.
Al respecto, el movimiento indígena precisó que a la ONU solo se le pidió ser garantes de los derechos humanos y desalojar a las Fuerzas Armadas de los puntos donde luchan los pueblos indígenas.
De su lado, el gobierno dijo que comunicó a los mediadores la decisión de no dar marcha atrás con las medidas, las cuales incluyen reducir en 20 por ciento el salario para contratos temporales renovados y disminuir el período vacacional de empleados de empresas públicos de 30 a 15 días, ambas rechazadas por la población.
En ese contexto y con el afán de facilitar posibles conversaciones hacia consensos para que retorne la normalidad al país, instituciones de estado como la Defensoría del Pueblo llaman al ejecutivo a poner fin al estado de excepción declarado el pasado 3 de octubre y vigente por 30 días, por considerar que solo provocó mayor violencia y conmoción social.
Mientras, en varias ciudades de esta nación andina continúan las manifestaciones de sectores sociales, opuestos, no solo a las recientes medidas económicas, sino también a la represión policial desatada contra quienes protestan, en franca violación al derecho a la protesta, contemplado en la Constitución.
Bajo las consignas: 'El Paro No Para' y 'El Paro Sigue', trabajadores, estudiantes universitarios, académicos, campesinos y otros sectores, unidos a las nacionalidades indígenas, aseguran que se mantendrán en pie de lucha, hasta ver sus demandas cumplidas.
mv/scm
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10 de octubre de 2019, 18:15Por Sinay Céspedes Moreno
Quito, 10 oct (Prensa Latina) La tensión crece hoy en Ecuador, donde disminuyen cada vez más las posibilidades de diálogo entre indígenas y el gobierno, tras la confirmación de muertes de manifestantes, por la represión gubernamental de protestas realizadas contra medidas económicas, consideradas 'paquetazo'.
Cuando se cumple el octavo día de movilizaciones en diferentes ciudades de este país sudamericano, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) denunció al mundo el fallecimiento de varios de sus miembros, como resultado de la severa represión policial desatada para disipar las protestas.
En ese contexto, afirmó que en los próximos días revelará datos de decesos, heridos y desaparecidos, ocultados por las autoridades nacionales y algunos medios de comunicación.
Desde esta mañana, cientos de representantes de pueblos y nacionalidades, se mantienen en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el centro capitalino, donde realizaron ceremonias por los caídos, a quienes denominaron héroes.
Asimismo, analizaron las próximas estrategias de Conaie, luego de la declaración de resistencia nacional y reforzamiento de acciones, anunciada por su presidente, Jaime Vargas, quien responsabilizó al presidente, Lenín Moreno, al gobierno y las fuerzas del orden, de promover la violencia contra los movilizados y por ende, las muertes.
La situación reinante dificulta más las oportunidades de un acercamiento o conversaciones entre la dirigencia indígena y el gobierno, que adelantó supuestos avances en un diálogo, desmentido más tarde por la Conaie.
Inicialmente, la Confederación condicionó las conversaciones a la derogación del decreto que eliminó el subsidio a los combustibles y provocó un alza en tarifas del transporte público y precios de alimentos, a lo cual se opuso el ejecutivo.
Ahora, tras el recrudecimiento de la represión, incluso contra centros de acogida de manifestantes instalados en varias universidades, los requisitos para sentarse a la mesa de negociaciones aumentaron.
La Conaie exige la separación del cargo de la ministra de gobierno, María Paula Romo, y al encargado de Defensa, Oswaldo Jarrín, así como la salida del país del Fondo Monetario Internacional, que según estiman, acordó otorgar un préstamo al estado, condicionado por medidas neoliberales, causantes solo de mayor pobreza y endeudamiento.
En medio de ese panorama, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la iglesia católica y varias universidades manifestaron disposición de mediar en el conflicto, y dieron algunos pasos en ese sentido para intentar facilitar las conversaciones.
Al respecto, el movimiento indígena precisó que a la ONU solo se le pidió ser garantes de los derechos humanos y desalojar a las Fuerzas Armadas de los puntos donde luchan los pueblos indígenas.
De su lado, el gobierno dijo que comunicó a los mediadores la decisión de no dar marcha atrás con las medidas, las cuales incluyen reducir en 20 por ciento el salario para contratos temporales renovados y disminuir el período vacacional de empleados de empresas públicos de 30 a 15 días, ambas rechazadas por la población.
En ese contexto y con el afán de facilitar posibles conversaciones hacia consensos para que retorne la normalidad al país, instituciones de estado como la Defensoría del Pueblo llaman al ejecutivo a poner fin al estado de excepción declarado el pasado 3 de octubre y vigente por 30 días, por considerar que solo provocó mayor violencia y conmoción social.
Mientras, en varias ciudades de esta nación andina continúan las manifestaciones de sectores sociales, opuestos, no solo a las recientes medidas económicas, sino también a la represión policial desatada contra quienes protestan, en franca violación al derecho a la protesta, contemplado en la Constitución.
Bajo las consignas: 'El Paro No Para' y 'El Paro Sigue', trabajadores, estudiantes universitarios, académicos, campesinos y otros sectores, unidos a las nacionalidades indígenas, aseguran que se mantendrán en pie de lucha, hasta ver sus demandas cumplidas.
mv/scm
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