Puerto Príncipe, 29 oct (Prensa Latina) El economista haitiano Eddy Labossière, calificó de beneficiosas las recientes medidas gubernamentales de suspender las exenciones aduaneras, aunque apuntó que debe ser objeto de un estudio exhaustivo.
La semana pasada, el Ejecutivo aprobó la cancelación de las franquicias, exceptuando las previstas por la ley, con el propósito de proteger la producción nacional y promover la competitividad en sectores claves de la economía, divulgaron en un comunicado.
La disposición será muy beneficiosa para la administración pública en términos de impuestos, dijo el también presidente de la Asociación de Economistas Haitianos y acotó que el dinero recaudado 'debe ser utilizado para promover la infraestructura adecuada en todo el país'.
Según datos oficiales, entre 2012 y 2018, el país dejó de ingresar por este concepto, unos 63,5 mil millones de gourdes (más de 690 millones 217 mil dólares). Solo en 2018, el Estado haitiano otorgó, en términos de exenciones aduaneras unos 20 mil millones de gourdes (más de 217 millones de dólares).
Para Labossière, la decisión del Gobierno debe formar parte de un programa de desarrollo económico, además que los fondos podrán satisfacer las necesidades de entidades públicas como escuelas y hospitales, 'que se encuentran en situaciones muy críticas'.
No obstante, sostuvo que la cancelación de las franquicias debe estar en correspondencia con las leyes nacionales, que establecen el conjunto de instituciones que se benefician.
'Bajo ninguna circunstancia puede el gobierno actual detener las exenciones aduaneras otorgadas a embajadas, ONGs y otros', remarcó.
Hasta su suspensión, el gobierno otorgaba el 33 por ciento de las franquicias a las organizaciones no gubernamentales, 31 por ciento al sector industrial, mientras que el sector público y el privado (no industrial) se beneficiaban de un 15 y un cuatro por ciento, respectivamente.
Por su parte, críticos del Gobierno, como el senador Youri Latortue, denunciaron la 'ilegalidad' de la decisión del ejecutivo de cancelar franquicias otorgadas a instituciones como la 'iglesia católica'.
Según declaró el parlamentario, el presidente Jovenel Moïse no abordó la cuestión 'adecuadamente', y alertó que las instituciones afectadas podrían presentar una queja contra el Estado.
La víspera, Moïse defendió las decisiones del gobierno, y recalcó que responden a los intereses de la población y el Estado.
mem/ane
La disposición será muy beneficiosa para la administración pública en términos de impuestos, dijo el también presidente de la Asociación de Economistas Haitianos y acotó que el dinero recaudado 'debe ser utilizado para promover la infraestructura adecuada en todo el país'.
Según datos oficiales, entre 2012 y 2018, el país dejó de ingresar por este concepto, unos 63,5 mil millones de gourdes (más de 690 millones 217 mil dólares). Solo en 2018, el Estado haitiano otorgó, en términos de exenciones aduaneras unos 20 mil millones de gourdes (más de 217 millones de dólares).
Para Labossière, la decisión del Gobierno debe formar parte de un programa de desarrollo económico, además que los fondos podrán satisfacer las necesidades de entidades públicas como escuelas y hospitales, 'que se encuentran en situaciones muy críticas'.
No obstante, sostuvo que la cancelación de las franquicias debe estar en correspondencia con las leyes nacionales, que establecen el conjunto de instituciones que se benefician.
'Bajo ninguna circunstancia puede el gobierno actual detener las exenciones aduaneras otorgadas a embajadas, ONGs y otros', remarcó.
Hasta su suspensión, el gobierno otorgaba el 33 por ciento de las franquicias a las organizaciones no gubernamentales, 31 por ciento al sector industrial, mientras que el sector público y el privado (no industrial) se beneficiaban de un 15 y un cuatro por ciento, respectivamente.
Por su parte, críticos del Gobierno, como el senador Youri Latortue, denunciaron la 'ilegalidad' de la decisión del ejecutivo de cancelar franquicias otorgadas a instituciones como la 'iglesia católica'.
Según declaró el parlamentario, el presidente Jovenel Moïse no abordó la cuestión 'adecuadamente', y alertó que las instituciones afectadas podrían presentar una queja contra el Estado.
La víspera, Moïse defendió las decisiones del gobierno, y recalcó que responden a los intereses de la población y el Estado.
mem/ane
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