Santiago de Chile 18 nov (Prensa Latina) El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentará hoy una acusación contra Carabineros por la obstrucción de las fuerzas policiales al personal de salud en la atención a un manifestante.
El hecho ocurrió la noche del viernes cuando el personal de urgencias atendía al joven Abel Acuña de un paro cardio respiratorio durante una manifestación en la Plaza de la Dignidad (Baquedano) y un carro policial les lanzó directamente fuertes chorros de agua.
También fue obstaculizado el avance de la ambulancia que trasladaba al joven, quien murió poco después en un hospital por causas que aún se investigan.
Un video compartido profusamente por redes sociales e incluso en los informativos de televisión, muestra claramente el acoso de que fue víctima el equpo que brindaba asistencia al joven cuando trataban de llevarlo hasta una ambulancia.
La querella se fundamenta en las denuncias del personal médico de que su integridad física fue puesta en riesgo por los agentes de Carabineros además de que esa actuación impidió que se le brindara a la victima atención de reanimación con equipos adecuados, con lo que se hubiera podido salvar su vida.
Por ello, en un comunicado el INDH explicó que la acusación será por 'homicidio por obstrucción de salvamento', teniendo en cuenta que el papel de las fuerzas policiales debió ser el resguardo de la vida de los manifestantes y del personal médico en funciones, pero sucedió todo lo contrario.
El director del INDH, Sergio Micco, calificó lo ocurrido como un hecho de extrema gravedad, por atentar contra el derecho humanitario establecido internacionalmente, y aseguró que no se trata de una situación aislada porque ya se presentaron otras cinco querellas por agresiones de las fuerzas policiales al personal médico.
Lo ocurrido con Abel Acuña, de 29 años, ha tenido una amplia repercusión en el movimiento social que continúa expresándose en las calles, desde el cual se critica que los llamados a la paz hechos por el gobierno solo se materializan una mayor represión de sus cuerpos represivos.
Igualmente organizaciones, partidos políticos y parlamentarios denunciaron el hecho y pidieron incluso la renuncia del director de Carabineros, general Mario Rozas.
Desde el gobierno, la respuesta del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ha sido la misma en que otras muchas denuncias anteriores, al expresar que se investigará lo sucedido y se tomarán las medidas que corresponda.
tgj/rc
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También fue obstaculizado el avance de la ambulancia que trasladaba al joven, quien murió poco después en un hospital por causas que aún se investigan.
Un video compartido profusamente por redes sociales e incluso en los informativos de televisión, muestra claramente el acoso de que fue víctima el equpo que brindaba asistencia al joven cuando trataban de llevarlo hasta una ambulancia.
La querella se fundamenta en las denuncias del personal médico de que su integridad física fue puesta en riesgo por los agentes de Carabineros además de que esa actuación impidió que se le brindara a la victima atención de reanimación con equipos adecuados, con lo que se hubiera podido salvar su vida.
Por ello, en un comunicado el INDH explicó que la acusación será por 'homicidio por obstrucción de salvamento', teniendo en cuenta que el papel de las fuerzas policiales debió ser el resguardo de la vida de los manifestantes y del personal médico en funciones, pero sucedió todo lo contrario.
El director del INDH, Sergio Micco, calificó lo ocurrido como un hecho de extrema gravedad, por atentar contra el derecho humanitario establecido internacionalmente, y aseguró que no se trata de una situación aislada porque ya se presentaron otras cinco querellas por agresiones de las fuerzas policiales al personal médico.
Lo ocurrido con Abel Acuña, de 29 años, ha tenido una amplia repercusión en el movimiento social que continúa expresándose en las calles, desde el cual se critica que los llamados a la paz hechos por el gobierno solo se materializan una mayor represión de sus cuerpos represivos.
Igualmente organizaciones, partidos políticos y parlamentarios denunciaron el hecho y pidieron incluso la renuncia del director de Carabineros, general Mario Rozas.
Desde el gobierno, la respuesta del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ha sido la misma en que otras muchas denuncias anteriores, al expresar que se investigará lo sucedido y se tomarán las medidas que corresponda.
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