En huelga empleados de compañías telefónicas en El Líbano
En huelga empleados de compañías telefónicas en El Líbano
En huelga empleados de compañías telefónicas en El Líbano
19 de noviembre de 2019, 3:3Beirut, 19 nov (Prensa Latina) Empleados de las empresas estatales de teléfonos móviles, Alfa y Touch, entraron hoy en su segunda semana en huelga para exigir contratos que salvaguarden sus derechos y beneficios.
El gobierno pretende privatizar esas dos compañías, pero su paso a manos particulares no garantiza acápites de convenios laborales anteriores.
De ahí que la medida de fuerza sea una de las variantes que los empleados adoptaron para que se hagan valer sus derechos.
Las protestas se concentraron frente a la sede del Ministerio de Telecomunicaciones, a cuyo titular, Mohamed Choucair, la multitud no cesa de gritarle ladrón.
En septiembre pasado, Choucair reveló que no se acordó el pago por adeudos de un aumento salarial anual y que tampoco había garantías para mantener derechos y beneficios incluidos en anteriores contratos colectivos de trabajo.
Varios representantes de los huelguistas se reunieron con el ministro y ambas partes convinieron en salvar lo sellado en anuencias precedentes, según informó el jefe del sindicato de empleados Charbel Nawwar.
Pero poco después, Choucair declaró que el contrato no garantizaba seguridad laboral alguna si el sector era privatizado, según una propuesta incluida dentro de reformas anunciadas el 21 de octubre en un intento de Ejecutivo por apaciguar las protestas.
Los huelguistas recabaron la adición de un artículo en el decreto para protegerlos, pero el ministro se defendió con el pretexto de que no podía hacerlo si el gobierno operaba en calidad de cuidador.
tgj/arc
De ahí que la medida de fuerza sea una de las variantes que los empleados adoptaron para que se hagan valer sus derechos.
Las protestas se concentraron frente a la sede del Ministerio de Telecomunicaciones, a cuyo titular, Mohamed Choucair, la multitud no cesa de gritarle ladrón.
En septiembre pasado, Choucair reveló que no se acordó el pago por adeudos de un aumento salarial anual y que tampoco había garantías para mantener derechos y beneficios incluidos en anteriores contratos colectivos de trabajo.
Varios representantes de los huelguistas se reunieron con el ministro y ambas partes convinieron en salvar lo sellado en anuencias precedentes, según informó el jefe del sindicato de empleados Charbel Nawwar.
Pero poco después, Choucair declaró que el contrato no garantizaba seguridad laboral alguna si el sector era privatizado, según una propuesta incluida dentro de reformas anunciadas el 21 de octubre en un intento de Ejecutivo por apaciguar las protestas.
Los huelguistas recabaron la adición de un artículo en el decreto para protegerlos, pero el ministro se defendió con el pretexto de que no podía hacerlo si el gobierno operaba en calidad de cuidador.
tgj/arc
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El gobierno pretende privatizar esas dos compañías, pero su paso a manos particulares no garantiza acápites de convenios laborales anteriores.
De ahí que la medida de fuerza sea una de las variantes que los empleados adoptaron para que se hagan valer sus derechos.
Las protestas se concentraron frente a la sede del Ministerio de Telecomunicaciones, a cuyo titular, Mohamed Choucair, la multitud no cesa de gritarle ladrón.
En septiembre pasado, Choucair reveló que no se acordó el pago por adeudos de un aumento salarial anual y que tampoco había garantías para mantener derechos y beneficios incluidos en anteriores contratos colectivos de trabajo.
Varios representantes de los huelguistas se reunieron con el ministro y ambas partes convinieron en salvar lo sellado en anuencias precedentes, según informó el jefe del sindicato de empleados Charbel Nawwar.
Pero poco después, Choucair declaró que el contrato no garantizaba seguridad laboral alguna si el sector era privatizado, según una propuesta incluida dentro de reformas anunciadas el 21 de octubre en un intento de Ejecutivo por apaciguar las protestas.
Los huelguistas recabaron la adición de un artículo en el decreto para protegerlos, pero el ministro se defendió con el pretexto de que no podía hacerlo si el gobierno operaba en calidad de cuidador.
tgj/arc
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