Madres y padres ticos cerca de decidir orden de apellidos de hijos
20 de noviembre de 2019, 14:57San José, 20 nov (Prensa Latina) La Comisión de Asuntos de la Mujer de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dictaminó hoy afirmativamente un proyecto de ley que permitirá a madres y padres escoger el orden de los apellidos de sus hijos.
Presentada en 2017 por la entonces diputada del Frente Amplio (FA) Patricia Mora, hoy ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, la iniciativa se denomina Ley de Igualdad en la Inscripción de los Apellidos.
Según su texto, la madre y al padre podrán escoger el orden de los apellidos de sus hijos e hijas y, en caso de que no exista acuerdo entre ambos, se ordenarán los apellidos priorizando el de la madre.
Asimismo, la propuesta establece que para facilitar la identificación del grupo familiar, el orden escogido para el hijo o hija mayor se mantendrá para sus hermanos, de los mismos padres.
En declaraciones a la prensa, el diputado del FA, José María Villalta, afirmó que 'con esta propuesta buscamos mayor igualdad entre hombres y mujeres en la asignación de los apellidos para combatir una práctica históricamente discriminatoria contra las mujeres'.
Villalta recordó que consultada sobre este proyecto, la Procuraduría General de la República emitió un criterio favorable señalando que la imposición de mantener el apellido del padre antes que el de la madre 'resulta discriminatorio hacia la mujer y contrario al principio de igualdad de los cónyuges'.
Asimismo, prosigue, la Procuraduría refiere que la imposibilidad de variar el orden de los apellidos no solo atenta contra la libertad de elección de los padres, sino también del mismo titular del nombre, como parte de su identidad personal, a la hora de establecer con el suficiente juicio con cuál de sus progenitores guarda un vínculo emotivo y afectivo más fuerte.
El legislador del FA precisó que al texto original se le agregó una norma para garantizar el respeto a la identidad cultural y lenguas de las poblaciones indígenas y se modificó su entrada en vigencia para que las instituciones pertinentes tengan dos años para ajustarse al cambio.
Tras ser dictaminado, ahora el resto de los diputados podrán presentar mociones para modificarlo y luego el Plenario Legislativo deberá aprobarlo -luego de analizar las mociones- en dos debates para su sanción definitiva.
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