La Habana, 21 nov (Prensa Latina) En Cuba se trabaja hoy en el perfeccionamiento del debido proceso, ajustándolo a sus necesidades, posibilidades y realidades como demanda el pueblo en las actuales circunstancias, aseguraron los abogados Ana Isabel Zamora y Felix Roig.
Nuestro ordenamiento jurídico ofrece la posibilidad de la defensa, pues el acusado tiene derecho a ser informado de la acusación que se le hace, prestar cuantas declaraciones desee y una vez que es parte en el proceso, puede nombrar un abogado de su elección para su defensa o a que se le designe de oficio, explicaron Zamora y Roig.
El mismo puede proponer pruebas, solicitar modificación de la medida cautelar impuesta y establecer recurso de queja contra los autos denegatorios de la práctica de las pruebas y del cambio de medida, señalaron los juristas que participan en el VIII Congreso Internacional Abogacía 2019 que culmina mañana en el Palacio de Convenciones
Con la puesta en vigor de la nueva Constitución son concebidos como principios procesales la legalidad; igualdad procesal; presunción de inocencia, derecho a la defensa, juez natural; imparcialidad del juez y la libre valoración de la prueba o sana critica, detallaron.
También se suma, el único proceso, oralidad; contradicción; inmediación; publicidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, entre otros elementos, puntualiza la ponencia a la que Prensa Latina tuvo acceso.
Hacer más pleno el ejercicio de las garantías y derechos de la ciudadanía es el propósito del debate a que son sometidas las normas procesales en el país, aun cuando la isla caribeña se considera referencia latinoamericana y mundial en este campo, aseguran Zamora y Roig.
La ley de leyes en su artículo 92 plantea que existe la garantía de los ciudadanos para acceder a una tutela judicial efectiva, indicaron los autores.
El Artículo 94 establece que toda persona como garantía de su seguridad jurídica disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como administrativo y en consecuencia goza de los derechos siguientes, igualdad de oportunidades en todos los procesos que intervienen como partes y recibir asistencia jurídica para ejercer sus derechos en todos los procesos en los que intervienen.
Además puede aportar los medios de pruebas pertinentes y solicitar la exclusión de aquellos que hayan sido obtenido violando las regulaciones legales establecidas y acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial, plantearon los abogados.
Los ciudadanos no pueden ser privados de sus derechos sino por resolución fundada o sentencia firme, enfatizaron los juristas.
También pueden interponer recursos y procedimientos contra resoluciones judiciales o administrativas que correspondan, y tener un proceso sin dilaciones indebidas.
oda/joe
El mismo puede proponer pruebas, solicitar modificación de la medida cautelar impuesta y establecer recurso de queja contra los autos denegatorios de la práctica de las pruebas y del cambio de medida, señalaron los juristas que participan en el VIII Congreso Internacional Abogacía 2019 que culmina mañana en el Palacio de Convenciones
Con la puesta en vigor de la nueva Constitución son concebidos como principios procesales la legalidad; igualdad procesal; presunción de inocencia, derecho a la defensa, juez natural; imparcialidad del juez y la libre valoración de la prueba o sana critica, detallaron.
También se suma, el único proceso, oralidad; contradicción; inmediación; publicidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, entre otros elementos, puntualiza la ponencia a la que Prensa Latina tuvo acceso.
Hacer más pleno el ejercicio de las garantías y derechos de la ciudadanía es el propósito del debate a que son sometidas las normas procesales en el país, aun cuando la isla caribeña se considera referencia latinoamericana y mundial en este campo, aseguran Zamora y Roig.
La ley de leyes en su artículo 92 plantea que existe la garantía de los ciudadanos para acceder a una tutela judicial efectiva, indicaron los autores.
El Artículo 94 establece que toda persona como garantía de su seguridad jurídica disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como administrativo y en consecuencia goza de los derechos siguientes, igualdad de oportunidades en todos los procesos que intervienen como partes y recibir asistencia jurídica para ejercer sus derechos en todos los procesos en los que intervienen.
Además puede aportar los medios de pruebas pertinentes y solicitar la exclusión de aquellos que hayan sido obtenido violando las regulaciones legales establecidas y acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial, plantearon los abogados.
Los ciudadanos no pueden ser privados de sus derechos sino por resolución fundada o sentencia firme, enfatizaron los juristas.
También pueden interponer recursos y procedimientos contra resoluciones judiciales o administrativas que correspondan, y tener un proceso sin dilaciones indebidas.
oda/joe
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