Italia vs Arcelor Mittal, el significado estratégico del conflicto
1 de diciembre de 2019, 1:23Por Frank González*
Roma, (Prensa Latina) En el conflicto entre el gobierno italiano y la transnacional Arcelor Mittal sobre la adquisición del coloso siderúrgico Ilva, están en juego no sólo aspectos políticos coyunturales, sino también intereses estratégicos del país.
La controversia gira en torno al complejo siderúrgico ILVA, sociedad por acciones cuyo principal objeto social es la producción y transformación de acero en varios establecimientos, el principal de ellos ubicado en la ciudad de Táranto, importante urbe de la sureña región de Apulia.
El complejo siderúrgico cuenta también con establecimientos en Génova, en la región de Liguria, Novi Ligure y Racconigi, en Piamonte; y Marghera, en Véneto.
La historia más reciente de la principal acería europea comenzó en abril de 1965 con la inauguración en aquel lugar de la empresa de propiedad pública Italsider, la mayor siderúrgica italiana desde entonces, rebautizada Ilva como se llamó una sociedad anterior fundada en Génova en 1905.
Tras múltiples contratiempos y graves momentos de crisis, el complejo siderúrgico fue privatizado y vendido en mayo de 1995 al Grupo Riva y un decenio más tarde sometido a un régimen de administración extraordinaria por problemas económicos y los severos daños ambientales causados en su entorno.
En esas condiciones se realizó en 2018 la licitación para un contrato de arriendo con obligación de compra ganada por el consorcio franco-indico Arcelor Mittal el cual se comprometió a mantener en sus puestos a 10 mil 700 de los 13 mil 522 trabajadores y destinar 250 millones de euros para compensar a los excedentes.
La transacción con la multinacional líder de la producción de acero a nivel global con 96,42 millones de toneladas en 2018, fue valorada en unos cuatro mil 200 millones de euros, de ellos mil 150 para el plan de saneamiento ambiental previsto hasta 2023, mil 250 para el industria y mil 800 para la adquisición.
La rescisión del contrato
Poco más de un año después y sin aviso previo, la administradora delegada de Arcelor Mittal-Italia comunicó a los comisarios extraordinarios Francesco Ardito, Antonio Pupo y Alessandro Danovi, mediante carta fechada el 4 de noviembre último, la decisión de rescindir el contrato.
El motivo fundamental expuesto por el grupo franco-indio para retirarse del acuerdo fue la eliminación por parte del gobierno del 'escudo penal'.
De esa manera se conoce la exención de responsabilidad penal a los gestores de la planta principal de Táranto, y sus delegados, durante la ejecución del plan de saneamiento ambiental.
Así lo definió la ley en 2015 cuando los comisarios extraordinarios asumieron la gestión de la empresa, para evitar se vieran involucrados en reclamaciones por actuaciones de sus antecesores en el ámbito del mejoramiento de normas preventivas de protección ambiental, salud y seguridad, pública y del trabajo.
Previsto en principio hasta concluir el programa de saneamiento ambiental en 2023, el escudo fue modificado en dos ocasiones y finalmente abolido por el actual gobierno con la conversión en ley del decreto 101/2019 conocido como 'salva empresas'.
Aunque ese fue el argumento inicial de Arcelor Mittal-Italia para rescindir el contrato suscrito en septiembre de 2018, el motivo fundamental fue la irrentabilidad del negocio, con pérdidas de unos dos millones de euros diarios según datos aportados por la empresa.
En ese sentido, informó una pérdida global de 539 millones de dólares, comparado con utilidades de 899 millones en el mismo período en 2018, y beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de mil 63 millones, 61 por ciento menos que los dos mil 729 de la etapa julio-septiembre del año precedente.
Los bajos precios del acero y los altos costos de las materias primas fueron identificados como las causas principales de las 'duras condiciones del mercado en el tercer trimestre' por el presidente del consorcio, Lakshmi Mittal.
En estos mercados ?precisó el magnate en un mensaje difundido a través de la red social Twitter- nos mantenemos enfocados en nuestras propias iniciativas para mejorar la actuación y nuestra prioridad es reducir costos, adaptar la producción y concentrarnos en asegurar que el negocio se mantenga en un flujo de caja positivo.
Al margen de cualquier otra consideración, la rescisión del contrato se enmarca en la crisis actual del mercado europeo del acero con un excedente de producción de 425,5 millones de toneladas, estimado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en 2018.
En esas circunstancias, el grupo franco-indio consideró necesario no sólo el restablecimiento del 'escudo penal', sino también el despido de cinco mil trabajadores y la disminución de la producción de seis a cuatro millones de toneladas anuales.
El litigio
Asimismo, llevó el problema al Tribunal de Milán, donde radica la sede legal de la empresa, con la amenaza de apagar los altos hornos si el gobierno se negaba a reasumir el control de la acería, acción contrarrestada por los comisarios con demandas judiciales en Milán y Táranto.
En el punto más alto de la tensión, se produjo un segundo encuentro entre el primer ministro, Giuseppe Conte, acompañado por los titulares de Economía y Finanzas, Roberto Gualtieri, y de Desarrollo Económico, Stefano Patuanelli, con los dueños de la transnacional, Lakshmi y Aditya Mittal.
En un intento por aproximar posiciones, ambas partes acordaron emprender negociaciones para 'definir un camino compartido' sobre el futuro de la ex Ilva, indicó un comunicado del Palacio Chigi.
El objetivo, precisó el texto, es llegar a la elaboración de un nuevo plan industrial que contemple nuevas soluciones productivas con tecnologías ecológicas que aseguren el máximo compromiso en la actividad de saneamiento ambiental.
En ese sentido, 'se valoró la posibilidad de una participación pública en este nuevo proyecto' debido a la relevancia de la ex Ilva en la economía del país y el gobierno mostró disposición a 'apoyar este proceso incluso con medidas sociales, donde sean más necesarias, de acuerdo con las organizaciones sindicales'.
El propósito es lograr rápidamente un acuerdo y con ese fin el gobierno invitará a los comisarios extraordinarios de la ex Ilva a consentir una breve dilación de los términos procesuales y un aplazamiento de una audiencia ante el Tribunal de Milán.
La posposición de la audiencia, apuntó la comunicación, se hará con la condición de que Arcelor Mittal mantenga el normal funcionamiento de las plantas y garantice la continuidad productiva, incluso durante la etapa de negociaciones.
A esos aspectos se refirió Conte en una conferencia de prensa al concluir el encuentro en el cual, dijo, no se abordó el tema del restablecimiento de la inmunidad para los directivos y auguró que la negociación será trabajosa y complicada, con implicaciones económicas, productivas, técnicas y jurídicas.
Por su parte, el consorcio franco-indio emitió un comunicado en el cual calificó el encuentro de constructivo y puntualizó que 'las discusiones continuarán con el objetivo de lograr lo antes posible un acuerdo para una producción sostenible de acero en Táranto'.
Los costos para Italia
Con una producción de 24,5 millones de toneladas de acero en 2018, Italia se ubicó décima en la clasificación mundial encabezada por China con 928,3, seguida a su vez por India, 106,5, y Japón, 104,3.
El nivel máximo alcanzado por Italia en los últimos años fue 28,7 millones de toneladas en 2011 en 42 establecimientos, mientras que el mínimo se registró en 2015 con apenas 22, según datos publicados por la agencia de noticias Agi. En el caso específico de la ex Ilva, aunque el plan industrial suscrito con el gobierno italiano previó una producción de seis millones de toneladas anuales entre 2018 y 2023, el estimado para este año es de apenas 4,75, de acuerdo con estadísticas manejadas por el canal televisivo Skytg24.
Desde el punto de vista económico, si bien la crisis del complejo siderúrgico le costó al país unos 23 mil millones de euros para mantenerlo a flote, según varias fuentes, su eventual cierre lo privaría de un pilar industrial importante y de ingresos por un monto estimado entre 20 y 24 mil millones anuales.
A estas consideraciones se suma el impacto social por el despido masivo de trabajadores, la mayoría de ellos en el entorno de una de las ciudades más importantes del sur del país, afectado por problemas crónicos de desarrollo en diferentes ámbitos.
*El autor es corresponsal de Prensa Latina en Italia
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