Decisión judicial mitigaría hambre al 81 por ciento de niños boricuas
23 de mayo de 2020, 21:51San Juan, 23 may (Prensa Latina) Una decisión del juez superior Anthony Cuevas Ramos intenta hoy que el 81 por ciento de los niños puertorriqueños pueda mitigar su hambre, a 69 días del cierre forzoso por la Covid-19.
La determinación del magistrado respondió a una demanda judicial de varias entidades sociales contra el Ministerio de Educación por negarse a reabrir los comedores escolares, cuando hay miles de menores que no tienen posibilidades de comer en medio de la pandemia al estar las escuelas cerradas.
'El hambre del pueblo nunca debió llegar al tribunal', expresó la abogada Mary Cele Rivera-Martínez, integrante del grupo legal que sometió el caso, al conocer la decisión judicial que ordena reabrir los comedores escolares.
El ministro de Educación, Eligio Hernández, anunció en horas de la tarde del sábado que había referido el asunto a la división legal, lo que plantea la posibilidad de que recurra a una instancia mayor.
De paso alegó que hay alcaldes que han asumido la tarea, luego de que empleados del almacén de alimentos y la cocina dieran positivo a la Covid-19.
'Las personas que están pasando hambre en medio de estas circunstancias extraordinarias, que no tienen acceso a un plato de comida y las familias puertorriqueñas en general, salieron victoriosas con la decisión emitida por el juez superior Cuevas Ramos', manifestó la abogada Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria, que intervino en el caso.
Para Carmen Warren, del Comité Timón Padres y Madres de Educación Especial, esta sentencia llegó en un momento oportuno porque estábamos recibiendo llamadas de los progenitores de todo el país preocupados por la falta de alimentos para sus hijos.
La razón de ser del Estado y su deber constitucional es proteger y velar por el bienestar de su ciudadanía, acotó Melissa Hernández Romero, otra de las abogadas del caso, al anotar que eso incluye el deber de alimentar a un pueblo que en medio de una emergencia nacional padece de hambre.
'El gobierno nos obligó a ir al tribunal a exigir el cumplimiento de su deber', recalcó Hernández.
La dirigente de Solidaridad Humanitaria, Lucía Santana, aseguró con lágrimas en los ojos que esta victoria será parte del historial del complejo de viviendas públicas 'Manuel A. Pérez', donde hay una población de más de dos mil niños y entre sus tres extensiones hay alrededor de más cuatro mil personas de escasos recursos, cuya salud mental y hambruna van a ser cubiertas por esta maravillosa sentencia.
El licenciado Osvaldo Burgos, otro de los abogados del caso, dijo que se trató de reivindicar algo tan básico como el derecho al alimento en Puerto Rico, un derecho que el gobierno se negaba a reconocer a pesar de los reclamos de personas en todo el país y de la evidencia que cada día recogían los medios periodísticos.
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