París, 14 ene (Prensa Latina) El Tribunal Administrativo de esta capital iniciará hoy un juicio contra el estado francés, en el que se decidirá si las políticas aplicadas contra el calentamiento global fracasaron, tal y como sostienen las organizaciones ecologistas denunciantes.
El denominado 'Caso del siglo' supone un logro de la movilización popular, pues durante dos años la campaña llevada a cabo por cuatro agrupaciones conservacionistas (Oxfam, Greenpeace, Fundación Nicolas Hulot y Notre Affaire à tous) consiguió 2,3 millones de firmas que permitieron llevar al Estado frente a la justicia.
En la sesión inicial se presentarán las conclusiones del relator público, de las que se ha dado una visión general a las partes, con el fin de determinar el cumplimiento de los propios compromisos del Estado para la reducción de los gases de efecto invernadero.
'Nuestro deseo más profundo no es condenar al Estado, sino hacer que el Estado actúe', declaró la directora Ejecutiva de Oxfam Francia, Cécile Duflot, y señaló el paralelismo con el fallo de la Corte Suprema holandesa, que en diciembre de 2019 ordenó al gobierno de ese país reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 25 por ciento para finales de 2020. Por su parte la coordinadora de Notre Affaire à tous, Cécilia Rinaudo, consideró que una victoria en los tribunales supondría 'una decisión histórica para la justicia climática en Francia, pondría a la política frente a sus contradicciones ecológicas: mucha charla y muy poca acción'.
El gobierno rechaza las acusaciones de inacción, esgrimiendo en su defensa la ley de energía y clima aprobada en 2019, y que en su opinión 'refuerza los objetivos climáticos' al aspirar a la neutralidad del carbono para 2050 o a la reducción del 40 por ciento del consumo de combustibles fósiles para 2030.
Sin embargo dos dictámenes del Consejo de Estado, alto tribunal administrativo, contradicen esa voluntad: en noviembre señaló que Francia había superado las emisiones fijadas por el propio gobierno, dando tres meses para justificar el incumplimiento, y en julio de 2019 concedió al Estado seis meses para tomar medidas contra la contaminación atmosférica bajo pena de una multa récord.
mem/acm
En la sesión inicial se presentarán las conclusiones del relator público, de las que se ha dado una visión general a las partes, con el fin de determinar el cumplimiento de los propios compromisos del Estado para la reducción de los gases de efecto invernadero.
'Nuestro deseo más profundo no es condenar al Estado, sino hacer que el Estado actúe', declaró la directora Ejecutiva de Oxfam Francia, Cécile Duflot, y señaló el paralelismo con el fallo de la Corte Suprema holandesa, que en diciembre de 2019 ordenó al gobierno de ese país reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 25 por ciento para finales de 2020. Por su parte la coordinadora de Notre Affaire à tous, Cécilia Rinaudo, consideró que una victoria en los tribunales supondría 'una decisión histórica para la justicia climática en Francia, pondría a la política frente a sus contradicciones ecológicas: mucha charla y muy poca acción'.
El gobierno rechaza las acusaciones de inacción, esgrimiendo en su defensa la ley de energía y clima aprobada en 2019, y que en su opinión 'refuerza los objetivos climáticos' al aspirar a la neutralidad del carbono para 2050 o a la reducción del 40 por ciento del consumo de combustibles fósiles para 2030.
Sin embargo dos dictámenes del Consejo de Estado, alto tribunal administrativo, contradicen esa voluntad: en noviembre señaló que Francia había superado las emisiones fijadas por el propio gobierno, dando tres meses para justificar el incumplimiento, y en julio de 2019 concedió al Estado seis meses para tomar medidas contra la contaminación atmosférica bajo pena de una multa récord.
mem/acm
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