Por Osvaldo Rodríguez MartínezPanamá, 15 mar (Prensa Latina) La invasión de Estados Unidos a Panamá tenía la intención, además, de desmantelar el andamiaje jurídico del Estado, afirmó hoy el analista Julio Yao, sobre un 'inconstitucional' memorando de seguridad firmado entre ambas naciones.
Yao ofreció declaraciones exclusivas a Prensa Latina tras el estudio preliminar del memorando de entendimiento para la conformación de un equipo binacional de trabajo contra el lavado de dinero y la corrupción, cuyo contenido completo reveló un facsímil publicado la víspera por Bayano Digital.
'Al parecer, nuestra Cancillería ha delegado toda responsabilidad en el manejo de tratados internacionales en funcionarios subalternos, dando razón a nuestros señalamientos de que la invasión tenía el propósito no solo de abrogar los tratados del Canal, sino desmantelar el andamiaje o entramado jurídico del Estado nacional', aseguró el experto.
El facsímil, sin fecha visible, lo firman Juan Pino, ministro de Seguridad; Ryan D. Rowlands, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos; Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas; Eduardo Ulloa, procurador General de la Nación; David Saied, de la Unidad de Análisis Financiero, y Amauri Castillo, de la Superintendencia de Bancos.
Los signatarios por la parte panameña no están facultados para suscribir tratados o acuerdos internacionales según la Constitución, salvo que los faculte el presidente de la República o el Ejecutivo y exhiban los poderes pertinentes, señaló el también exagente de Panamá ante la Corte Internacional de La Haya.
Lo que Yao denomina el memorando 'Pino-Rowlands', por los principales firmantes, dice basarse en la Convención de la ONU contra la Corrupción (2003), cuyos tres pilares son 'la igualdad soberana de los Estados, la integridad territorial y la no intervención', recordó.
En un análisis político-jurídico, el estudioso afirmó que el texto 'sólo se compromete a respetar la soberanía a secas, y no la igualdad soberana, con lo cual se admite y reconoce la subordinación de Panamá a Estados Unidos', lo que en su opinión se confirma al obligar a respetar las leyes estadounidenses.
Resaltó que el documento sustituye el principio de no intervención por 'el concepto difuso de una responsabilidad compartida' y criticó la alusión a otro acuerdo anterior que no se conoce públicamente, como ocurre desde la invasión de 1989, porque 'se manejan en total sigilo y secretismo'.
El memorando compromete a Panamá a investigar delitos que afecten la seguridad, las finanzas o el territorio de Estados Unidos, y Yao consideró que esto desnuda el objetivo central de que el país compartirá información relativa a movimiento de capitales e inversiones de terceros, contrario a sus obligaciones internacionales.
Como colofón al acuerdo binacional -opinó-, cualquier participante de Panamá implicado en lavado de dinero, narcotráfico o corrupción lo despedirá del grupo el foráneo Departamento de Estado, sin que se le reconozca a las autoridades istmeñas ese mismo derecho, 'prueba de la infame subordinación'.
Sobre el documento, cuyo texto íntegro se reveló por primera vez, Yao concluyó que 'el principal problema de Panamá es que dejamos de ser un Estado al perder la independencia nacional'.
A mediados de agosto pasado se conoció del acuerdo, el cual generó múltiples controversias sobre su legitimidad y titulares de prensa como 'Estados Unidos investiga en Panamá casos relacionados con lavado de dinero y corrupción' y 'Estados Unidos y Panamá acuerdan fuerza de tarea para combatir lavado de activos y corrupción'.
La fuerza de tarea está conformada por fiscales, agentes de los estamentos de seguridad y de entes regulatorios panameños, quienes recibirán capacitaciones y asesorías por parte del Buró Federal de Investigaciones, aseguró en aquella fecha una nota de la legación diplomática estadounidense en esta capital.
Este y otros acuerdos 'coincidieron' con un inédito desfile continuo con visitas de altas autoridades de la 'era Trump', entre ellos, Robert O'Brien, asistente para Seguridad Nacional, y Craig Faller, jefe del Comando Sur del ejército, cuyo clímax fue la apertura de un centro regional antidroga, conocido por la sigla Croan.
Este último lo calificó entonces el Partido del Pueblo (comunista) como 'antihistórico y antinacional' y 'una bofetada a la memoria del general (Omar) Torrijos, quien supo recoger e interpretar las banderas antimperialistas del pueblo panameño.'
car/orm
'Al parecer, nuestra Cancillería ha delegado toda responsabilidad en el manejo de tratados internacionales en funcionarios subalternos, dando razón a nuestros señalamientos de que la invasión tenía el propósito no solo de abrogar los tratados del Canal, sino desmantelar el andamiaje o entramado jurídico del Estado nacional', aseguró el experto.El facsímil, sin fecha visible, lo firman Juan Pino, ministro de Seguridad; Ryan D. Rowlands, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos; Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas; Eduardo Ulloa, procurador General de la Nación; David Saied, de la Unidad de Análisis Financiero, y Amauri Castillo, de la Superintendencia de Bancos.
Los signatarios por la parte panameña no están facultados para suscribir tratados o acuerdos internacionales según la Constitución, salvo que los faculte el presidente de la República o el Ejecutivo y exhiban los poderes pertinentes, señaló el también exagente de Panamá ante la Corte Internacional de La Haya.
Lo que Yao denomina el memorando 'Pino-Rowlands', por los principales firmantes, dice basarse en la Convención de la ONU contra la Corrupción (2003), cuyos tres pilares son 'la igualdad soberana de los Estados, la integridad territorial y la no intervención', recordó.
En un análisis político-jurídico, el estudioso afirmó que el texto 'sólo se compromete a respetar la soberanía a secas, y no la igualdad soberana, con lo cual se admite y reconoce la subordinación de Panamá a Estados Unidos', lo que en su opinión se confirma al obligar a respetar las leyes estadounidenses.
Resaltó que el documento sustituye el principio de no intervención por 'el concepto difuso de una responsabilidad compartida' y criticó la alusión a otro acuerdo anterior que no se conoce públicamente, como ocurre desde la invasión de 1989, porque 'se manejan en total sigilo y secretismo'.
El memorando compromete a Panamá a investigar delitos que afecten la seguridad, las finanzas o el territorio de Estados Unidos, y Yao consideró que esto desnuda el objetivo central de que el país compartirá información relativa a movimiento de capitales e inversiones de terceros, contrario a sus obligaciones internacionales.
Como colofón al acuerdo binacional -opinó-, cualquier participante de Panamá implicado en lavado de dinero, narcotráfico o corrupción lo despedirá del grupo el foráneo Departamento de Estado, sin que se le reconozca a las autoridades istmeñas ese mismo derecho, 'prueba de la infame subordinación'.
Sobre el documento, cuyo texto íntegro se reveló por primera vez, Yao concluyó que 'el principal problema de Panamá es que dejamos de ser un Estado al perder la independencia nacional'.
A mediados de agosto pasado se conoció del acuerdo, el cual generó múltiples controversias sobre su legitimidad y titulares de prensa como 'Estados Unidos investiga en Panamá casos relacionados con lavado de dinero y corrupción' y 'Estados Unidos y Panamá acuerdan fuerza de tarea para combatir lavado de activos y corrupción'.
La fuerza de tarea está conformada por fiscales, agentes de los estamentos de seguridad y de entes regulatorios panameños, quienes recibirán capacitaciones y asesorías por parte del Buró Federal de Investigaciones, aseguró en aquella fecha una nota de la legación diplomática estadounidense en esta capital.
Este y otros acuerdos 'coincidieron' con un inédito desfile continuo con visitas de altas autoridades de la 'era Trump', entre ellos, Robert O'Brien, asistente para Seguridad Nacional, y Craig Faller, jefe del Comando Sur del ejército, cuyo clímax fue la apertura de un centro regional antidroga, conocido por la sigla Croan.
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car/orm
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