México, 9 ago (Prensa Latina) La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, conformada por 48 comunidades y organizaciones de pueblos originarios, campesinas y civiles, llamó hoy al gobierno mexicano a reformar la constitución sobre sus derechos. Organizaciones como el Colectivo de Comunidades Mayas, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y Red Ambiental de Chiapas, entre otros, pidieron saldar una deuda histórica para cumplir acuerdos de 1996 sobre derechos y cultura indígena y dar paso a una relación de respeto e igualdad.
La petición la reiteraron por celebrarse hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
En ese sentido, exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Congreso de la Unión a que esta iniciativa sea presentada a comienzos de la siguiente legislatura y se establezca como tema prioritario.
También denunciaron que las formas de gobierno de los pueblos indígenas, los sistemas normativos y la integridad de sus territorios así como de sus bienes comunes 'siguen siendo amenazados y violentados'.
El riesgo, agregaron, 'ya no está sólo en los proyectos de muerte, sino que ahora incluye redes de criminalidad y corrupción en complicidad con gobiernos, cacicazgos locales y actores empresariales'.
Resaltaron que estos fenómenos continúan provocando agresiones en las comunidades y ataques contra defensores del territorio, se vive una espiral de violencia sin precedente que deja clara la falta de garantías por parte del Estado mexicano.
Manifestaron que es inadmisible que, hasta la fecha, la condición de nación pluricultural siga siendo una promesa vacía de la Constitución.
mem/lma
La petición la reiteraron por celebrarse hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
En ese sentido, exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Congreso de la Unión a que esta iniciativa sea presentada a comienzos de la siguiente legislatura y se establezca como tema prioritario.
También denunciaron que las formas de gobierno de los pueblos indígenas, los sistemas normativos y la integridad de sus territorios así como de sus bienes comunes 'siguen siendo amenazados y violentados'.
El riesgo, agregaron, 'ya no está sólo en los proyectos de muerte, sino que ahora incluye redes de criminalidad y corrupción en complicidad con gobiernos, cacicazgos locales y actores empresariales'.
Resaltaron que estos fenómenos continúan provocando agresiones en las comunidades y ataques contra defensores del territorio, se vive una espiral de violencia sin precedente que deja clara la falta de garantías por parte del Estado mexicano.
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mem/lma
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