Puerto Príncipe, 10 ago (Prensa Latina) La Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) trasladó el archivo del asesinato del presidente Jovenel Moïse a la Fiscalía, un mes después del crimen, reveló hoy la prensa local.
En el documento de 120 páginas, la DCPJ estableció los vínculos entre los 44 sospechosos y su nivel de implicación, de acuerdo con la plataforma digital Haiti24.
Las armas de fuego, los chalecos antibalas y las granadas de fragmentación confiscados por las autoridades policiales, así como la importante suma de dinero recuperada en posesión de tres miembros del comando abatidos por la policía, también fueron trasladados al registro de la fiscalía del Tribunal de Primera Instancia.
La semana pasada las autoridades policiales entregaron el archivo al decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Bernard Saint-Vil, quien designó al juez Mathieu Chanlatte para investigar el caso.
Chanlatte tuvo a su cargo anteriormente casos como el de las cartas de identificación Dermalog, y la pugna entre el Estado y la compañía destinada a la electricidad Sogener.
Varios magistrados declinaron investigar el magnicidio alegando temores por su seguridad, luego que los jueces de paz Carl Henri Destin y Clément Noël, así como dos secretarios judiciales que realizaron los primeros informes, denunciaron recibir llamadas intimidantes, amenazas de muerte, y tuvieran que buscar refugio.
Moïse murió baleado en su residencia de Pelerin 5 durante la madrugada del 7 de julio, sin que aparentemente interviniera la guardia presidencial.
Al menos cuatro policías, entre ellos dos responsables de seguridad, se encuentran detenidos en la Penitenciaría Nacional, junto a 18 colombianos sospechosos de integrar el comando armado que ultimó al mandatario.
El fiscal de la capital, Claude Bed-Ford, emitió seis órdenes de arresto por asesinato, intento de asesinato y robo a mano armada al líder del partido gobernante Tét Kale, Liné Blathazar, el ex primer ministro Paul Dennis y al empresario Samir Handall.
También están sujetos al edicto los pastores Gerard Forges Janvier y Gerald Bataille, quienes denunciaron persecución política.
Como parte de la investigación Bed-Ford recibió en audiencias al expresidente de la Asamblea Nacional Youri Latorute y al exsenador Stevens Benoit, aunque no pudo entrevistar a los responsables de seguridad presidencial.
mgt/ane
Las armas de fuego, los chalecos antibalas y las granadas de fragmentación confiscados por las autoridades policiales, así como la importante suma de dinero recuperada en posesión de tres miembros del comando abatidos por la policía, también fueron trasladados al registro de la fiscalía del Tribunal de Primera Instancia.
La semana pasada las autoridades policiales entregaron el archivo al decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Bernard Saint-Vil, quien designó al juez Mathieu Chanlatte para investigar el caso.
Chanlatte tuvo a su cargo anteriormente casos como el de las cartas de identificación Dermalog, y la pugna entre el Estado y la compañía destinada a la electricidad Sogener.
Varios magistrados declinaron investigar el magnicidio alegando temores por su seguridad, luego que los jueces de paz Carl Henri Destin y Clément Noël, así como dos secretarios judiciales que realizaron los primeros informes, denunciaron recibir llamadas intimidantes, amenazas de muerte, y tuvieran que buscar refugio.
Moïse murió baleado en su residencia de Pelerin 5 durante la madrugada del 7 de julio, sin que aparentemente interviniera la guardia presidencial.
Al menos cuatro policías, entre ellos dos responsables de seguridad, se encuentran detenidos en la Penitenciaría Nacional, junto a 18 colombianos sospechosos de integrar el comando armado que ultimó al mandatario.
El fiscal de la capital, Claude Bed-Ford, emitió seis órdenes de arresto por asesinato, intento de asesinato y robo a mano armada al líder del partido gobernante Tét Kale, Liné Blathazar, el ex primer ministro Paul Dennis y al empresario Samir Handall.
También están sujetos al edicto los pastores Gerard Forges Janvier y Gerald Bataille, quienes denunciaron persecución política.
Como parte de la investigación Bed-Ford recibió en audiencias al expresidente de la Asamblea Nacional Youri Latorute y al exsenador Stevens Benoit, aunque no pudo entrevistar a los responsables de seguridad presidencial.
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