La Paz, 22 ago (Prensa Latina) La Procuraduría boliviana empleará un informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) para lograr justicia sobre los hechos violentos de 2019, afirmó hoy esa instancia.
'El documento es conocido y ahora veremos los detalles para darle operatividad en beneficio de las víctimas de aquellos hechos, como estableció el presidente Luis Arce, para lograr el proceso que todos queremos', declaró el procurador general, Wilfredo Chávez.
'Aun estamos consternados al recordar las cosas gravísimas que ocurrieron en noviembre de 2019', añadió el jurista entrevistado por la Agencia Boliviana de Información.
Los expertos presentaron el 17 de agosto un informe sobre los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, basado en 100 mil fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales.
La pesquisa, que incluyó también unas 360 entrevistas individuales, determinó la vulneración de derechos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones extrajudiciales.
El informe, divulgado por medios locales e internacionales, tuvo gran repercusión en sectores políticos y populares y exacerbó nuevas acusaciones y procesos judiciales contra los exfuncionarios del Gobierno de facto, liderados por Jeanine Áñez.
mgt/apb/gdc
'Aun estamos consternados al recordar las cosas gravísimas que ocurrieron en noviembre de 2019', añadió el jurista entrevistado por la Agencia Boliviana de Información.
Los expertos presentaron el 17 de agosto un informe sobre los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, basado en 100 mil fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales.
La pesquisa, que incluyó también unas 360 entrevistas individuales, determinó la vulneración de derechos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones extrajudiciales.
El informe, divulgado por medios locales e internacionales, tuvo gran repercusión en sectores políticos y populares y exacerbó nuevas acusaciones y procesos judiciales contra los exfuncionarios del Gobierno de facto, liderados por Jeanine Áñez.
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