La captura y acusación por la Fiscalía de cinco cargos del que fuera también vicepresidente sectorial de Economía y presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), junto a otras dos personas, dio continuidad a la trama iniciada hace un año conocida como Pdvsa-Cripto.
Entonces se habló de decenas de arrestos, allanamientos, incautación de suntuosos bienes e inmuebles, de redes de prostitución y de la aprehensión de decenas de importantes funcionarios de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Las pruebas de participación de El Aissami en esta operación de corrupción, considerada la más dañina en la historia de la nación, fue presentada el pasado martes ante la prensa nacional y extranjera por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.
Junto al expresidente de Pdvsa se presentaron también como implicados a Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo para el Desarrollo Nacional, y al empresario Samark López.
El titular del Ministerio Público explicó los nuevos elementos de lo que denominó “segunda fase de la investigación” y reveló que pudieron avanzar en las investigaciones para identificar a los cabecillas de esta trama por la delación de cinco detenidos, quienes se acogieron a la protección de testigos.
Saab manifestó que lograron desmembrar una red de altos funcionarios que usaban sus cargos para “realizar operaciones petroleras ilegales”, y no descartó que estuvieran vinculados con el gobierno de Estados Unidos.
Sobre el modus operandi enunció que se valían de las llamadas “empresas maletín” y pagaban en criptomendas en el extranjero para manejar “ese dinero a su antojo” e impedir que los fondos ingresaran al Banco Central de Venezuela.
Agregó que de esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitía especular con el mercado cambiario y pretender acabar con la economía del país.
Los enjuiciados fueron acusados por los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencia, legitimación de capitales y asociación para delinquir, y podrían recibir el castigo de la pena máxima de 30 años de cárcel.
El fiscal general Saab detalló que el móvil de esta pluralidad de delitos fue promovido para ejecutar una “conspiración económica simultáneamente con la corrupción”, con el objetivo de lograr la implosión de la economía.
Esto se haría a través de la destrucción de la moneda nacional y el “alza astronómica del dólar paralelo”, a fin de producir el caos económico financiero y la violencia social, señaló.
Este accionar del Estado y del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción recibió el apoyo de artistas y cultores, movimientos, organizaciones sociales y partidos políticos, y de amplios sectores del pueblo de Venezuela.
En la continuación del proceso electoral en marcha rumbo a las elecciones del 28 de julio venidero continuaron las inscripciones en el registro electoral, los partidos políticos escogieron sus posiciones en la boleta y arribaron al país tres delegaciones internacionales exploratorias.
Las representaciones provinieron de la Unión Europea, presidida por un Oficial en la División sobre Democracia y Observación Electoral en el Servicio Europeo de Acción Exterior, del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y del Observatorio Parlamentario para la Integración Regional.
Estas dos últimas encabezadas por los presidentes Nicanor Moscoso y Carlos López, respectivamente, quienes firmaron un memorando con el titular del Consejo Nacional Electoral Elvis Amoroso en el que quedaron fijadas las reglas de procedimiento para asistir como veedores a los comicios presidenciales de julio.
Durante la semana el Gobierno venezolano presentó ante la Corte Internacional de Justicia pruebas de su titularidad de la Guayana Esequiba, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó su quinta visita a Caracas, y se conmemoraron los 22 años del triunfo cívico militar ante el golpe de Estado de 2002.
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