El miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) José Cabrera expresó preocupación con el proceso y, según declaró a medios locales, el Ministerio de Economía y Finanzas ya dijo que solamente puede dar 40 millones de los 60 necesarios.
A eso se suman las deudas del CNE con proveedores de procesos anteriores, pues de las elecciones de 2023 aún queda pendiente el pago de seis millones 800 mil dólares, indicó Cabrera.
No obstante, pese a la falta de fondos y a los cuestionamientos sobre la necesidad real de la consulta, el CNE avanza con el calendario aprobado.
Este martes anunció que de los más de 13 millones de ecuatorianos habilitados para votar, 429 mil residentes en el exterior podrán sufragar desde los países donde se encuentran.
Un total de 21 organizaciones políticas y sociales se inscribieron para realizar campaña a favor o en contra de la consulta y el referendo, sin embargo, el CNE analizará hasta mañana si cumplen los requisitos para recibir los fondos públicos destinados a la fase proselitista.
Los ecuatorianos deberán responder Sí o No a 10 preguntas propuestas por Noboa, así como a otra interrogante sobre la participación de las Fuerzas Armadas en acciones contra la inseguridad de forma permanente.
Los cuestionamientos que conllevarían modificaciones a la Carta Magna están relacionados con la eliminación de la prohibición de extradición de personas ecuatorianas y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
Otras interrogantes buscan reformas a leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, tipificación de delitos por tenencia de armas, e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
Analistas consideran que para el mandatario la consulta busca generar legitimidad a su política de seguridad que, de ser exitosa, podría catapultarlo en sus intenciones de postularse para un nuevo periodo de cuatro años en los comicios de febrero del 2025.
Este martes, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) emitió un comunicado en el cual insistió en que las reformas propuestas pueden ser procesadas en la Asamblea Nacional (parlamento) y cuestionó el gasto de 60 millones de dólares en ese proceso de iniciativa gubernamental.
El país pasa por momentos críticos en distintos ámbitos, como la terrible situación de inseguridad, crisis económica, desempleo, desabastecimiento de hospitales, falta de recursos para educación, inundaciones, millonarias deudas a prefecturas y municipios, que deben ser solucionadas con urgencia y requiere un responsable sentido de las prioridades, señaló el texto.
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