Uno de los voceros de ese colectivo, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, explicó a Prensa Latina que los colectivos vuelven a tomar las calles como a finales de 2023 debido a incumplimientos de un plan de cierre de Minera Panamá, subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum.
En octubre y noviembre del pasado año, recordó, el pueblo habló alto y claro en multitudinarias manifestaciones a lo largo y ancho del país en rechazo a la minería metálica a cielo abierto.
Utilizaremos todas las vías y la concentración frente a la CSJ es para demandar una vez más que haga cumplir el fallo que declaró ilegal la Ley 406 que avala ese pacto minero, nocivo a la soberanía nacional, señaló.
La víspera, integrantes de organizaciones sociales acompañaron a la candidata presidencial independiente Maribel Gordón a presentar una queja administrativa ante el Procurador de la Administración, Rigoberto González, para que también cumpla con sus deberes.
Además exigieron la renuncia del actual ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera, enlace entre el Ejecutivo y la minera, por permitir que esta continúe operaciones y controle los acceso aéreos, marítimos y terrestres a ese territorio, propiedad de todos los panameños.
La denuncia se realiza, dijo Gordón, en defensa de los derechos de la población frente a una trasnacional extranjera que ha querido desconocer la voluntad del pueblo y mantiene operaciones, lo cual es ilegal e inconstitucional.
Un contrato suscrito entre el Estado y la subsidiaria de First Quantum para la explotación de cobre en Donoso (Colón) fue declarado a finales de 2023 como inconstitucional por la CSJ, bajo la presión de manifestaciones populares que estremecieron al istmo durante dos meses.
El martes último, el Consejo de ministros instruyó a todas las instituciones del Estado involucradas a adoptar las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia emitida y que establece las bases para elaborar e implementar el cierre final ordenado de la actividad minera.
La resolución indica que a las carteras de Comercio e Industrias y la de Ambiente deben conciliar acciones que garanticen la estabilidad física y química de los ecosistemas ambientales e infraestructuras en la Mina Cobre Panamá y sus zonas aledañas, mediante la ejecución de un Plan de Preservación Ambiental y Gestión Segura y luego un programa de cierre definitivo.
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