viernes 29 de marzo de 2024
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Peruanos amanecen con polémicos cambios constitucionales

Lima, 21 mar (Prensa Latina) Los peruanos amanecieron hoy con 52 de los 206 artículos de la constitución neoliberal modificados por el Parlamento sin consultar a la población y tras bloquear las propuestas de una asamblea constituyente.

La ley que consagra las modificaciones entró en vigencia tras refrendarla el Gobierno sin acotaciones ni resistencias y restablece el Senado y la reelección de parlamentarios rechazada por más de 80 por ciento de los electores en el referendo de diciembre de 2018.

La mayoría congresal conformada por bancadas de derecha extrema y centroderechistas desdeñó los pedidos de la oposición de izquierda y centro, de un nuevo referendo que dé la oportunidad a la ciudadanía de cambiar o ratificar su decisión de más de cuatro años.

La respuesta de ese bloque mayoritario, que ha rechazado todas las propuestas de convocar a una asamblea constituyente, fue negar importancia y validez a ese mecanismo de consulta social e invocar el hecho de que los congresistas son representantes directos de la población y han sido elegidos para legislar.

El cambio más importante restableció así la bicameralidad sin consulta ni debate social e incluyó un acápite que tácitamente revive la reelección inmediata parlamentaria, al consignar como requisito para postular al Congreso el haber sido diputado o senador.

“Pese a que casi 14 millones de peruanos rechazaron el retorno a la bicameralidad en el referéndum del 2018, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley aprobada por 91 parlamentarios que, además, lleva de contrabando la reelección consecutiva”, comentó el diario La República, que menciona la desaprobación al Legislativo, de más de 80 por ciento de la población en las encuestas.

El restablecimiento del Senado ha arrastrado también otros cambios de artículos vinculados a esa medida y la ley modifica otro al limitar la facultad presidencial de disolver el Parlamento, al limitar su ejercicio a la disolución de la Cámara de Diputados, dejando indemne al Senado.

Una reforma previa anuló prácticamente la facultad del Jefe de Estado de cesar a los legisladores si niegan tres veces su confianza al gabinete ministerial, al eliminar el requisito de esa confianza para aprobar los nuevos equipos gobernantes y reducir el margen de discrecionalidad del Ejecutivo para dar por negada esa confianza.

El Legislativo, por el contrario, desoyó iniciativas para mantener el equilibrio entre el Legislativo y el Gobierno, como la de establecer causas precisas para que el Congreso ejerza la potestad de destituir a un Jefe de Estado por “permanente incapacidad moral”.

Esa causal genérica ha sido usada por el Legislativo para cesar en los últimos cinco años a tres presidentes, Pedro Pablo Kuczynski (2018), Martín Vizcarra (2020) y Pedro Castillo (2022).

Tal inestabilidad dio pie a la propuesta de una ley de “muerte cruzada”, por la cual, si el presidente disuelve el Congreso o este cesa al mandatario, se convoca prontas elecciones generales, idea también rechazada.

Constitucionalistas críticos de las medidas del Parlamento señalan que este, con las reformas y normas previas, afecta el equilibrio entre los poderes del Estado.

En lo político, la oposición de izquierda advierte que los cambios apuntan a la hegemonía política conservadora y se complementa con los empeños por reemplazar a las autoridades electorales con el argumento de tener mayores garantías para las próximas elecciones generales.

Ese sector y fuerzas de centro consideran que el objetivo de tal afán es controlar los organismos electorales y los comicios previstos para 2026, como, afirman los opositores, el bloque conservador ha puesto en manos afines el control de instancias clave como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

ro/mrs

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