El abogado y analista político Mauro Andino consideró que ese tipo de negocios a gran escala facilitan el lavado de activos y el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado. Es decir, un retorno de los juegos de azar iría a contramano de lo que según el mandatario busca con el proceso consultivo, reducir la inseguridad y la criminalidad.
La pregunta se ajusta a la frase “el remedio puede resultar peor que la enfermedad”, apuntó Andino, para quien en realidad pretenden beneficiar a ciertos grupos económicos.
En el año 2011, el entonces presidente Rafael Correa también llevó a las urnas un cuestionamiento relacionado con los casinos, pero para prohibirlos, y recibió el respaldo popular.
Este miércoles, en una entrevista con la emisora Radio Pichincha, Correa insistió en que retomar ese tipo de negocios es “tremendamente peligroso”.
El principal problema del país es la violencia, narcotráfico y crimen organizado y la principal forma de lavar dinero es por medio de los casinos, agregó el exgobernante.
Correa enfatizó que «es una consulta totalmente inoportuna, con preguntas totalmente intrascendentes que se pueden hacer vía reforma en la Asamblea Nacional (Parlamento), pero quieren hacer marketing político con los recursos del pueblo ecuatoriano».
Asimismo, el exmandatario advirtió sobre contradicciones con otra de las preguntas que busca elevar las penas para quienes cometen ciertos delitos y en la fudamentación exponen a los juegos de azar como actividad ilícita en la cual se involucra la delincuencia organizada.
Gastar 60 millones en una consulta que bien podría la Asamblea resolver con la presentación de proyectos de ley, es algo criminal en el estado actual del país, comentó el analista Nahuel Mendoza para quien la interrogante relacionada con los casinos es absurda y todo “es muy raro”.
Otras de las preguntas están relacionadas con el papel del Ejército en el enfrentamiento al crimen organizado y proponen que los militares se unan a las labores de control de armas y municiones «en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a centros de rehabilitación social».
El director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Alexander Levoyer, mostró su respaldo al plebiscito y aseguró que “toda herramienta que facilite el trabajo de Policía y su institución será bienvenida”.
Sin embargo, asambleístas de diversos partidos calificaron como populismo político lo que Noboa pretende llevar a las urnas.
Este proceso podría ser una especie de levantamiento de popularidad del presidente para saber si está en condiciones de presentarse en los comicios de 2025, advirtió la legisladora de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) exhortó a la Corte Constitucional a no dar paso a la consulta “por la intrascendencia de las preguntas y la afectación económica al presupuesto nacional”.
El organismo judicial tiene 20 días para emitir un dictamen sobre la iniciativa del jefe del Ejecutivo y, de ser aprobada, correspondería al Consejo Nacional Electoral convocar a los ecuatorianos a las urnas.
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