La normativa, considerada la peor violación de derechos humanos del país en la historia de posguerra, permitió la esterilización o la cirugía de aborto a personas con discapacidades intelectuales, enfermedades mentales o trastornos hereditarios sin su consentimiento, con el objetivo de evitar que rasgos “inferiores” ingresaran al acervo genético.

Al amparo de la ley eugenésica, unas 25 mil personas fueron esterilizadas, la mayoría sin haber dado su consentimiento, y se registraron alrededor de 59 mil casos de aborto quirúrgico, con más de 23 mil víctimas estimadas vivas, según datos del gobierno.

Una disculpa profunda del Parlamento y el gobierno japonés resalta en la introducción a la nueva ley por el programa de eugenesia, que contempla daños significativamente mayores a los de una normativa distinta promulgada en 2019.

El gobierno deberá pagar unos 96 mil 700 dólares a cada una de las víctimas de cirugía de esterilización forzada bajo la ley de eugenesia de 1946-1996, 32 mil 200 a los cónyuges de las víctimas y una suma global de 12 mil 852 a quienes fueron obligados a someterse a cirugía de aborto.

De manera general, 39 personas han presentado demandas en todo el país desde 2018 para reclamar una indemnización al Estado, pero muchas otras sucumbieron el temor de sufrir prejuicios o ignoran que hayan sido sometidos a una operación de esterilización, alegan abogados.

La indemnización se pagará a petición de las víctimas o de sus familiares, y la fecha límite para presentar solicitudes será el 16 de enero de 2030.

En caso de haber fallecido una víctima de esterilización o su cónyuge, la indemnización se destinará a sus hijos, nietos o hermanos.

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