El dictamen ilícito del Tribunal Constitucional, obediente al gobernante Partido Acción y Solidaridad, es un nuevo testimonio de la usurpación del poder, por eso daremos con sangre fría una respuesta jurídicamente verificada y apuntada a salvar a nuestro país, dijo Uzún este martes en la red social Facebook.

El político agregó que enviarán sus argumentos jurídicos a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, al Consejo de Seguridad de la ONU y a otras organizaciones internacionales.

Añadió que exigirán «organizar una auditoría exterior y una intromisión para restablecer la legalidad y defender los derechos de Gagaúzia».

El Tribunal Constitucional de Moldavia satisfizo el lunes la solicitud de la Fiscalía General de privar a Gagaúzia del derecho a nombrar al fiscal de la autonomía, excluyendo de ese modo al Parlamento de ese territorio del proceso de formación de la fiscalía regional.

Las relaciones entre Chisináu y Gagaúzia se tensaron después de que Eugenia Gutul obtuviera la victoria en las elecciones a la jefatura de la autonomía, en primavera de 2023.

Gutul representó el partido opositor Sor, al que las autoridades moldavas después declararon anticonstitucional, acusándolo de financiación ilegal y abriendo expedientes penales contra sus líderes.

La líder de la autonomía fue detenida el pasado 25 marzo en el aeropuerto de Chisináu, le impusieron el arresto de 20 días, ella tenía que estar bajo custodia hasta el 14 de abril, pero el 9 de abril le cambiaron la prisión preventiva por el arresto domiciliario de 30 días.

Gagaúzia, región autónoma situada en el sur de Moldavia, y el Gobierno moldavo de Maia Sandu están enfrentados por su actitud hacia la Unión Europea (UE).

Sandu está a favor de la integración con la UE, mientras que Gagaúzia apuesta por preservar las relaciones con Rusia, conforme lo determinó el referéndum celebrado en febrero de 2014.

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