Álvaro anunció que este lunes presentará una acción de protección en el Complejo Judicial Norte para que el Gobierno garantice el tratamiento de quienes padecen de insuficiencia renal.

En entrevista con la emisora local Radio Pichincha, la portavoz explicó que en el país existen 24 mil personas con problemas renales y de ellos unos 10 mil corren peligro de vida.

Indicó que el Gobierno pagó 25 millones de dólares a las dializadoras en 2024, pero precisó que ese tipo de clínicas requieren de 14 millones mensuales para funcionar y atender, es decir, ese monto “no alcanza ni para tres meses de terapia”.

Según detalló, para alguien que depende de diálisis los insumos por día tienen un costo de entre 50 y 70 dólares y muchos no cuentan para pagarlos.

Por esa razón, Álvaro instó al Gobierno a respetar el derecho a la vida y reestablecer los servicios a los pacientes con insuficiencia renal.

“El año pasado cerraron dos clínicas en Guayaquil y muchos pacientes fallecieron porque no accedieron a sus terapias a tiempo”, mencionó.

Anteriormente, pacientes y personal de salud han protestado en esta nación sudamericana por los atrasos en los pagos del Estado a instituciones con las cuales existen convenios para tratar a aquellos enfermos sin acceso a servicios privados.

El pasado 11 de abril, el Ministerio de Salud informó la entrega de 44 millones de dólares a prestadores externos.

«Los pagos se ejecutan de forma planificada, previo a una auditoria y con base a la asignación presupuestaria que emite el Ministerio de Economía y Finanzas», señaló un comunicado oficial.

Sin embargo, los Centros de Diálisis afirman que la deuda es de más de 215 millones de dólares.

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