La iniciativa gubernamental plantea que empleadores y trabajadores aporten a un fondo común para financiar las pensiones de aquellos que trabajaron más de 20 años en la misma empresa, un cambio que ha sido calificado como un retroceso laboral.

Actualmente, esa pensión es financiada únicamente por el empleador y según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, eso ha provocado que las compañías despidan a los trabajadores al cumplir 19 años, para no afrontar los gastos que implica la jubilación.

El nuevo esquema sugiere la creación de un fideicomiso administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), alimentado con aportes de ambas partes.

Durante una reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, realizada este martes, representantes sindicales expresaron su rechazo a la iniciativa, aunque descartaron sentarse a discutir.

“Se perdería la jubilación patronal. Es una línea roja”, advirtió Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres.

Según ella, pedir aportes a los trabajadores “desnaturaliza” el beneficio y pone en riesgo una conquista histórica del movimiento obrero.

El Ministerio del Trabajo, junto a representantes del sector empleador, defiende el fondo compartido como una alternativa para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Algunas voces empresariales también manifestaron preocupación por la viabilidad económica del modelo actual, que exige cobertura completa por las compañías.

Pese a las diferencias, las partes acordaron instalar mesas técnicas, con la participación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para debatir la reforma.

Tienen 30 días para recoger propuestas y designar delegados, y un plazo total de 90 días para consensuar un texto que será enviado a la Asamblea Nacional (Parlamento).

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