La cifra, publicada en la base de datos abiertos del Ministerio del Interior, supera en 39 por ciento los homicidios ocurridos en el primer trimestre de 2023, que terminó como el año más violento en la historia del país.

El incremento de las muertes violentas se refleja principalmente en territorios de la costa, donde cada vez son más frecuentes las masacres y asesinatos múltiples.

La provincia más golpeada por la crisis de seguridad es Guayas, que en estos tres meses registró mil 208 asesinatos, y le siguen Los Ríos y Manabí, con 291 y 272 crímenes, respectivamente.

En respuesta al incremento de la violencia, el Gobierno aplica estados de excepción consecutivos en las provincias más peligrosas, lo que implica una mayor militarización de la sociedad.

A juicio de expertos, esa estrategia, conjuntamente con la declaratoria de conflicto armado interno, no ha dado resultados, y por el contrario ha conllevado denuncias de violaciones de derechos humanos e incluso desapariciones y crímenes como el de los cuatro niños de Guayaquil, caso que involucra a uniformados.

Entre los argumentos de la administración de Daniel Noboa para justificar el más reciente estado de excepción, decretado el 12 de abril, el Ejecutivo admitió que las capacidades del Estado fueron “sobrepasadas” ante la actuación de grupos delincuenciales ligados al narcotráfico.

Aunque las cifras de abril aún no están disponibles, el pasado jueves tuvo lugar una nueva masacre que dejó 12 muertos en un lugar en el que se realizaban peleas de gallos, en la provincia de Manabí, evidencia de que la violencia persiste.

En una entrevista reciente, Noboa afirmó que esa alza obedece al contexto electoral debido a los comicios del pasado 13 de abril, cuando el mandatario fue declarado ganador frente a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien no reconoció los resultados y denunció irregularidades.

Otra de las estrategias del Ejecutivo para frenar al crimen organizado es la cooperación y presencia extranjera, ejemplo de ello fue la “asesoría” del estadounidense Erik Prince, fundador de la cuestionada empresa de seguridad privada Blackwater.

El ministro del Interior, John Reimberg, mencionó este lunes en entrevista con el canal Teleamazonas que la próxima semana firmará dos acuerdos en materia de seguridad con dos agencias de Estados Unidos y reiteró el interés del Ejecutivo por permitir la instalación de una base militar estadounidense.

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