El pleno del organismo electoral, reunido de forma virtual en la noche de este lunes, decidió con cuatro votos a favor y una abstención rechazar la reclamación.

El fin de semana, Francisco Estarellas, procurador de la alianza que auspició la candidatura presidencial de Luisa González, presentó la demanda ante el CNE.

Explicó a medios locales que en el documento estaban todas las observaciones y pruebas sobre irregularidades encontradas y, como ejemplo de las inconsistencias, adjuntó mil 21 actas de los comicios del pasado 13 de abril.

Según declaró, ​​“hay una serie de procedimientos que no se han cumplido” y apuntó que en total suman 16 mil actas presentadas con problemas.

“Hay fallas en el sistema y lo que queremos es que con todo esto se evidencien las irregularidades que ha habido y cómo se ha perjudicado a nuestra candidata Luisa González”, subrayó.

El pasado jueves, el CNE aprobó los resultados numéricos de la segunda vuelta de los comicios y rechazó otras reclamaciones.

De acuerdo con lo proclamado, el mandatario Daniel Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), triunfó con el 55,63 por ciento de los votos, mientras que González, de RC-RETO, obtuvo el 44,37 por ciento.

Estarellas indicó que acudirán con apelaciones a todas las instancias establecidas.

“Después también iremos al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y de ser necesario iremos a instancias internacionales para que se corrijan todas las irregularidades que están en el proceso”, apuntó.

En la mañana de hoy González reiteró que durante los comicios su rival y otras instituciones del Estado no sólo violaron la ley y la Constitución con la compra de votos o el uso de recursos públicos, sino también que hubo un presunto fraude.

Entre las alertas que hizo la excandidata en sus declaraciones a la emisora Radio Pichincha y al programa Primera Plana de Radio Armónica, está la “diferencia sospechosa” del número de votantes en el padrón electoral entre la primera y la segunda vuelta.

“Esto es causal para anular las elecciones, no puede haber variación alguna en el número de electores”, reiteró.

Igualmente, señaló que las actas se modificaron una y otra vez y se subieron al sistema con tachaduras y modificaciones.

Subrayó que como presidenta de la RC no reconocerá las elecciones por ser, a su criterio, «ilegítimas, ilegales e inconstitucionales», y que además no fueron «limpias ni libres».

Observadores internacionales descartaron un fraude en los comicios ecuatorianos, sin embargo, en sus informes señalaron que el proceso estuvo marcado por irregularidades, entre ellas la falta de licencia del presidente-candidato, el uso de recursos públicos y la declaratoria de estado de excepción.

La posesión del gobernante para el periodo 2025-2029 tendrá lugar el 24 de mayo próximo.

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