El plazo previsto para que la mesa legislativa presente el informe vence en siete días, sin embargo, la presidenta de la Comisión, la asambleísta Gisella Garzón, de la Revolución Ciudadana (RC), afirmó que solicitarán posponer la entrega.

Según Garzón, esta decisión no busca dilatar el trabajo del grupo parlamentario, sino garantizar el cumplimiento riguroso de cada una de las etapas del proceso legislativo.

El trabajo de la Comisión no culmina con la aprobación de un informe, posteriormente debemos consolidar las actas, registros de asistencia y demás documentos requeridos, por ello, es necesario más tiempo, precisó la legisladora.

De ser aprobada la prórroga por el Consejo de la Administración Legislativa, lo más seguro es que el proyecto sea tratado por la próxima legislatura, que asumirá el 14 de mayo venidero.

En octubre de 2024, el presidente, Daniel Noboa, envió esa propuesta a la Asamblea Nacional para modificar el artículo 5 de la Carta Magna y así eliminar la prohibición a las bases foráneas.

En caso de que el Parlamento apoye en dos votaciones la iniciativa para autorizar la presencia militar foránea en el país, la ciudadanía deberá luego votar en un referendo.

A inicios de abril, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, confirmó un reportaje de la cadena estadounidense CNN sobre los avances para levantar una base en la ciudad de Manta, pese a la prohibición constitucional para esas instalaciones.

Este lunes, el titular del Interior, John Reimberg, reiteró el interés del Ejecutivo por la presencia permanente de las tropas de Washington bajo el argumento de la crisis de seguridad existente, y ratificó que la administración impulsará una Asamblea Constituyente.

En ese contexto, Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo SJ comentó a Prensa Latina que las adecuaciones de infraestructura en Manta y también en las islas Galápagos para albergar a militares estadounidenses atentan contra la soberanía nacional.

Quien sale ganando es la postura de defensa global de la primera potencia militar en nuestro hemisferio y no precisamente a las reales necesidades del Estado ecuatoriano para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada, advirtió de la Vega.

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