Luego de llegar en la sombra de la noche al país junto a otros deportados, el caso del ciudadano salvadoreño tomó un auge inusitado y molesto para los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele, quienes insisten en mantenerlo en prisión, aun cuando las evidencias muestran que no es terrorista ni miembro de las pandillas.

Políticos, abogados y familiares del reo insisten en su inocencia y, al menos, apelan a que tenga un tratamiento con el debido proceso.

Pero, lo del joven salvadoreño ya rebasa ese entorno, y mantiene encendida las luces sobre un acuerdo entre Washington y San Salvador para usar las prisiones de este país para albergar a “lo más malo de lo malo” en términos de criminales y delincuentes.

La víspera, congresistas demócratas que visitan El Salvador abogaron por que se publique el contrato entre ambos gobiernos para deportar supuestos criminales y recluirlos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) u otras cárceles salvadoreñas.

El congresista demócrata Robert García, de California, demandó que se haga público el contrato. «Deberíamos entender qué fondos se están transfiriendo para apoyar a las prisiones y deberíamos hacerlo público», aseveró.

Al igual que para otros que se oponen, el legislador considera es ilegal e inmoral que se deporten personas acusadas de ser criminales sin haber tenido un proceso penal mediante el cual hayan sido condenadas por un crimen. No existe el debido proceso.

“No se puede probar la criminalidad sin el debido proceso, por lo tanto estamos utilizando el dinero de los contribuyentes en Estados Unidos para violar nuestras leyes constitucionales y encarcelar a personas a costa de contribuyentes», señaló a su vez la congresista Maxine Dexter, otro miembro del grupo que está en El Salvador.

El 15 de marzo, la Casa Blanca deportó a 238 venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla «Tren de Aragua» y 23 salvadoreños acusados de ser miembros de la MS-13, y desde entonces no cesan las críticas.

Los congresistas visitan El Salvador en una misión no oficial –ya que no tuvieron la autorización del Congreso– con la intención de verificar las condiciones de salud y de presionar por la libertad del salvadoreño Kilmar Ábrego García y del venezolano Andry Hernández Romero, ambos deportados de Estados Unidos y recluidos en El Salvador.

El caso, al parecer, se mantendrá en el centro de la noticia en El Salvador y sumado a eso el abogado Chris Newman, quien representa a la familia del salvadoreño, mantendrá el reclamo de la inocencia del reo.

El abogado descartó que Ábrego García tenga vínculos con la MS-13 como lo aseguró Washington. «No es miembro de una pandilla, hay muchas mentiras que muchas personas de los Estados Unidos están diciendo para justificar esta acción», dijo.

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