La víspera, en presencia de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, la Justicia dispuso medida cautelar para el subsuelo de un inmueble que es emblemático de esta ciudad.
Resulta una mole que se levanta junto al muelle donde desembarcan los miles de viajeros que en temporada de cruceros ingresan a Uruguay, clientes frecuentes del conocido internacionalmente como Mercado del Puerto, punto focal para el turismo.
Pero más allá de las bondades arquitectónicas del edificio, el hecho de que allí esté el Comando de la Armada uruguaya pone de relieve el papel de las Fuerzas Armadas uruguayas en la desaparición de unas 200 personas durante la dictadura que rigió entre 1973 y 1985.
Según el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, el gobierno del presidente Yamandú Orsi, del Frente Amplio, tiene información “verosímil” sobre presuntamente (acotaron medios de prensa) dos enterramientos clandestinos de aquella fatídica época.
“Para nosotros, para la izquierda, el tema de los derechos humanos y el tema del pasado reciente, el tema de los desaparecidos, es un eje central, es un eje vertebral, forma parte de nuestro ADN”, dijo el alto funcionario a la prensa.
Y agregó: “este tema para nosotros nos moviliza profundamente y estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador hasta encontrar al último de nuestros desaparecidos”.
Corresponderá a la Institución Nacional de Derechos Humanos la exploración del predio para confirmar la información.
De su mano, a la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad le tocará su parte.
El lunes el presidente Yamandú Orsi se reunió con miembros de la agrupación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que le instaron a ordenar a las Fuerzas Armadas entregar la información sobre los que faltan por crímenes del Estado.
La lista de detenidos desaparecidos anda cerca de los 200, aunque una treintena fueron encontrados en diversas etapas.
Los últimos restos hallados e identificados fueron los del militante comunista Luis Eduardo Arigón, desaparecido hace 47 años.
Su osamenta fue rescatada en julio de 2024 en un predio del Batallón 14 de Infantería, en Canelones, devenido cementerio para otras víctimas de aquel régimen de facto.
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