Así lo expresó el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, en su cuenta en la red social X, donde enfatizó que la política migratoria nacional no contempla ningún plan de regularización.
“La política migratoria del Gobierno es clara: reducir la presencia de inmigrantes indocumentados, asegurar la frontera y hacer cumplir la ley. Seguimos aplicando las 15 medidas anunciadas por el presidente y avanzamos en la búsqueda de consenso nacional, incluyendo a los expresidentes. Nuestra política no incluye ningún plan de regularización”, afirmó.
El funcionario destacó que el gobierno del presidente Luis Abinader mantiene en ejecución el paquete de medidas anunciadas en abril pasado, las cuales refuerzan el compromiso institucional con una gestión migratoria ordenada, transparente y apegada a derecho.
Asimismo, señaló que se avanza en la construcción de un consenso nacional amplio que involucre a diversos sectores, incluyendo a expresidentes de la República, en torno a esta política de Estado.
Con este mensaje, dijo, el Gobierno reafirma su postura en defensa de la soberanía nacional y del respeto al marco legal vigente, rechazando cualquier interpretación que sugiera la implementación de mecanismos de regularización para personas en situación migratoria irregular.
El Ejecutivo endureció su política contra la migración ilegal haitiana a principios de abril, a fin de garantizar la soberanía nacional ante la crisis en la vecina nación, que vive una espiral de violencia sin precedentes, explicó.
Entre las medidas Abinader habló del reforzamiento de la vigilancia fronteriza con otros mil 500 soldados, que se suman a los nueve mil 500 que ya prestan servicio en la zona limítrofe, la aceleración de la construcción del muro fronterizo, y alertó que quien facilite el tráfico irregular de personas deberá enfrentar consecuencias «drásticas».
El Gobierno también depositó en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio existente para el endurecimiento de las sanciones a los funcionarios gubernamentales que faciliten o participen en el ingreso de indocumentados, y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas.
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