Un comunicado del Ministerio de Finanzas indicó que el Gobierno pedirá a la Comisión Europea la activación de la llamada cláusula nacional de escape, en sintonía con la voluntad de la UE.

Es decir, los gastos relacionados con la defensa hasta el equivalente al 1,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) no serían contabilizados en los límites impuestos por los techos de gasto primario líquido, definidos en el Plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028, explicó la fuente.

Tampoco se tendrían en cuenta en la evaluación del cumplimiento del valor de referencia para el déficit, del tres por ciento, señaló el organismo.

Según valoró el Ejecutivo luso, “la Comisión Europea ha realizado esfuerzos para que haya una adhesión significativa por parte de los Estados miembros a esta cláusula de derogación nacional”.

Los integrantes de la UE deberán presentar la solicitud de evaluación de la cláusula antes de finalizar el presente mes, con vistas a su posterior análisis por la Comisión, que prevé movilizar hasta 650 mil millones de euros adicionales en cuatro años por esta vía.

En su libro blanco sobre defensa, el bloque definió que daría oportunidad hasta abril recibir las peticiones, con el interés de completar los primeros trámites rápidamente.

La iniciativa prevé autorizar a los Estados miembros aumentar el gasto en defensa durante un cuatrienio, sin castigo alguno por elevar el déficit presupuestario y propone, además, el fomento de proyectos conjuntos para la esfera bélica.

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