Mediante un comunicado, la gobernación de ese departamento subrayó que el hecho causó indignación en los pueblos originarios y sectores de la sociedad, al representar no solo una afrenta a la institucionalidad, sino además un alarmante precedente sobre el uso selectivo de la justicia.

«Totonicapán ha sido históricamente un baluarte de organización ciudadana, lucha social y participación democrática”, remarcó el texto, en relación con el actuar del Ministerio Público (MP) por las protestas de 2023.

La gobernadora de esa demarcación Delfina García exigió que el proceso sea revisado con transparencia, responsabilidad y respeto a las garantías constitucionales.

Respaldó al proyecto encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, así como la convicción de que solo con una justicia independiente, transparente y no selectiva, podrán avanzar hacia una Guatemala justa, libre y digna.

Vecinos organizados de diversas zonas de esta capital reprobaron las acusaciones contra Pacheco, quien fungía como viceministro de Desarrollo Sostenible, y calificaron su detención de criminalización y “represión política”.

La Asociación de Estudiantes de Historia, Antropología, Arqueología y Archivística de la Universidad San Carlos de Guatemala llamó a defender la libertad de expresión y de manifestación pacífica.

La Junta Directiva de los 48 Cantones promovió en octubre de 2023 bloqueos en vías de la nación y mantuvo por más de 100 días consecutivos una protesta en busca de la renuncia de la titular del MP, Consuelo Porras.

El entonces mandatario electo denunció a la también fiscal general de la nación como la punta de lanza del Pacto de Corruptos para atentar contra las votaciones y la democracia.

El enfrentamiento entre ambos se agudizó, por lo cual Arévalo presentó al Congreso una reforma de la Ley Orgánica del MP para poder removerla, algo que aún sigue sobre la mesa en esa instancia.

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