La decisión responde, de acuerdo con la entidad, a la necesidad de dirimir una tutela interpuesta por el gobernante contra la decisión del Consejo de Estado, que en agosto del pasado año emitió un fallo donde aseguraba que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía potestades para realizar indagaciones sobre el mandatario.

Petro calificó como la antesala de un golpe de estado a las acciones que el CNE acometía en una supuesta pesquisa para determinar si el equipo del presidente violó o no los topes de campaña permitidos en 2022.

En varias alocuciones aseguró que ese proceso desconocía su fuero presidencial e irrespetaba los protocolos del debido proceso.

“El CNE, un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido pone en peligro la institucionalidad que represento”, afirmó en una ocasión el mandatario sobre el tema.

También desmintió las principales acusaciones que le achaca esa entidad por supuestamente haber sobrepasado los topes de su campaña electoral.

Comentó que los aportes de la Unión Sindical Obrera y de la Federación Colombiana de Educadores no fueron a la campaña, sino al partido Colombia Humana.

Aclaró que los presuntos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña, y que todos los recursos derogados por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva.

“Así lo verificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de las cuentas presentadas”, explicó el jefe de Estado.

Petro consideró que, con la decisión de esta jornada, la Corte Constitucional frena un golpe de estado.

No obstante, alertó en ese mismo mensaje publicado en su cuenta de la red social X, que existen otros intentos por sacarlo del poder.

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