El pronunciamiento llegó luego de que la Fiscalía y la Policía Nacional realizarán este miércoles allanamientos en oficinas municipales como parte de una investigación por presunto peculado relacionada con la adjudicación de contratos de obras públicas en 2024, por más de cuatro millones de dólares.
Tras los operativos, la Alcaldía aseguró que colaboró con las autoridades y entregó toda la información solicitada.
En un comunicado, la administración de la capital ecuatoriana sostuvo que los contratos se adjudicaron mediante el sistema oficial de contratación pública, con procedimientos abiertos y verificables.
La institución reiteró su política de tolerancia cero frente a la corrupción y señaló que cualquier funcionario que haya actuado al margen de la ley deberá responder por sus actos.
“Un allanamiento no es una sentencia. Nadie debe ser condenado de antemano y tampoco el trabajo de miles de servidores municipales que cada día sostienen la ciudad”, expresó el Municipio, que rechazó el uso de la investigación para desacreditar su gestión.
Los operativos se producen a poco más de un mes de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre, en las que los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos y otras autoridades locales.
El actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición, aspira a la reelección y, según encuestas recientes, lidera la intención de voto en la urbe capitalina.
El concejal Michael Aulestia, quien afirmó haber presentado una denuncia previa sobre presuntas irregularidades, sostuvo que algunas empresas y personas vinculadas a los contratos habrían recibido adjudicaciones por decenas de millones de dólares.
Según el edil, su denuncia señala a funcionarios del entorno del alcalde y a directivos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, pero no incluye a Muñoz.
La Alianza Ciudadana, integrada por la RC, Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y los movimientos Todos y RETO, sostuvo que los allanamientos se producen en un contexto de hostigamiento judicial y administrativo contra el alcalde.
En un comunicado, la alianza afirmó que las denuncias deben investigarse con rigor y respeto al debido proceso, pero cuestionó que la justicia pueda utilizarse para influir en la contienda electoral para impedir la candidatura de Muñoz.
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