Actualmente, el Estado está a cargo a través de Petroecuador del 100 por ciento de la producción de ese yacimiento, ubicado en la provincia amazónica de Orellana, pero eso podría cambiar en los próximos días.

Sacha produjo en 2024 un promedio de 77 mil 191 barriles diarios, lo que representa aproximadamente el 20 por ciento de la producción petrolera nacional y, según estimaciones oficiales, sus reservas probadas son de alrededor de 372 millones de barriles.

El Gobierno de Daniel Noboa mantiene negociaciones con el consorcio integrado por Amodaimi Oil Company S.L., subsidiaria de la china Sinopec, y Petrolia Ecuador S.A., filial de la canadiense New Stratus Energy.

La propuesta contempla la adjudicación del campo mediante un contrato de participación, sin concurso previo, mientras el consorcio entregará un bono anticipado de mil 500 millones de dólares al Estado y ofrecerá inversiones por mil 750 millones durante 20 años.

En las actas de negociación, filtradas en la prensa nacional, se detalla que el consorcio recibiría el 87,5 por ciento de la producción si el precio del crudo se mantiene en 62 dólares por barril, mientras el Estado ecuatoriano, vería reducida su participación al 12,5 por ciento.

El analista energético Darío Dávalos cuestionó en sus redes sociales ese esquema de reparto.

«Si la producción es de 100 barriles y el precio de venta se mantiene en 62 dólares, la empresa obtendría ingresos por cinco mil 425 dólares y el Estado solo 775. En estas condiciones, ¿realmente se incrementará la renta petrolera?», advirtió.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó esta semana que la resolución del Comité de Licitación Hidrocarburífera está lista, será analizada en gabinete y la decisión final se anunciará en los próximos días.

Desde 1972, Sacha ha sido operado por diversas empresas, tanto privadas como estatales.

En los últimos cuatro años, bajo administración de Petroecuador, su producción ha pasado de 63 mil a 77 mil 200 barriles diarios, lo que ha permitido generar ingresos brutos anuales de aproximadamente mil 928 millones de dólares.

El Gobierno justifica la concesión directa del campo Sacha con base en el artículo 23 del Reglamento Codificado de Aplicación a la Ley de Hidrocarburos, que permite delegar la explotación a empresas privadas cuando el Ministerio de Energía determine que las empresas públicas no tienen la capacidad técnica o económica para operarlo.

Esta semana, sindicatos de trabajadores petroleros cuestionaron el despido de decenas de funcionarios de Petroecuador que, al parecer, no están de acuerdo con firmar informes para la entrega de Sacha a manos privadas.

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