En entrevista con la emisora local Radio Armónica, Bastias anunció que la defensa de los familiares de los chicos llevará el caso a instancias internacionales si la justicia nacional no establece la responsabilidad del Estado en lo ocurrido, un caso que involucra a militares.

“Si la justicia penal no logra reconocer las responsabilidades por la desaparición y por la muerte, accederemos, por supuesto, a la justicia internacional” aseguró.

Esta semana la prensa local publicó que en las reconstrucciones del hecho varios de los militares procesados admitieron haber sometido a los niños a brutales agresiones como correazos, patadas, golpes, puñetazos, y otros abusos.

Estas versiones confirman que los cuatro menores fueron torturados físicamente antes de ser ejecutados, aunque los uniformados aseguran que los abandonaron con vida y se desmarcan del posterior asesinato.

Para Bastias, del equipo de defensa, era de suponer que la detención ono ocurrió en un contexto normal y había mucha probabilidad de que hubieran sido sujetos de golpes y otro tipo de vejámenes.

El 8 de diciembre de 2024, los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años, desaparecieron tras ser detenidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad de Guayaquil.

Desde ese día nadie más volvió a ver a los chicos hasta que se encontraron los cuerpos calcinados en Taura, cantón Naranjal de la provincia de Guayas, zona donde, al parecer, fueron abandonados por los militares.

Por este caso, la Fiscalía impulsa dos investigaciones, una por desaparición forzada, y otra por secuestro con resultado de muerte.

El pasado 28 de marzo, el Comité Permanente de Derechos Humanos reveló que los cuatro niños fueron ejecutados con disparos en la cabeza, según la autopsia.

Los 16 uniformados procesados por la desaparición forzada de los niños permanecen en prisión, aunque en dos ocasiones han intentado salir de la cárcel.

Varios organismos de Naciones Unidas expresaron su preocupación e instaron al Gobierno a dar respuestas del caso a los familiares que relaman justicia

Mientras, la Fiscalía se prepara para el cierre de la instrucción, previsto para mañana.

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