Entregada por un funcionario judicial en el capitalino hospital DF Star, la notificación fue firmada la víspera por el exgobernante e inició el plazo de cinco días para la presentación de su defensa preliminar.

La decisión de entregar el aviso en el hospital fue tomada por el Supremo Tribunal Federal (STF) después que los ministros concluyeran que el exmilitar estaba en condiciones de ser citado.

Especialmente porque, incluso estando ingresado tras una cirugía en la región abdominal, hizo una transmisión en vivo el día anterior, con dos de sus hijos.

Tal hecho, según el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, demostró «posibilidad concreta» de comunicación formal.

Si los pasos que debe dar Bolsonaro no se realizan dentro del plazo legal, el proceso continuará normalmente con el nombramiento de un defensor público, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal. La ausencia de declaración no impide que el caso avance.

Presentada por la Fiscalía General, la denuncia fue aceptada por unanimidad por la primera sala del STF.

En total, 14 personas fueron acusadas, entre ellas Bolsonaro, quien, según la querella, encabezaba el llamado núcleo político y crucial de la organización sospechosa de planear el intento de golpe de Estado.

Consentida la denuncia, el proceso entra en la fase de investigación penal, momento en el que la Corte Suprema recabará declaraciones, pruebas y escuchará testigos tanto de la acusación como de la defensa.

Al final de esta etapa, el ministro ponente presentará un informe para que la primera sala del tribunal valore si existen elementos suficientes para la condena.

La imputación sostiene que Bolsonaro y sus adeptos intentaron anular en 2022 los resultados electorales que dieron el triunfo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre las acciones concebidas por el núcleo crucial se incluyen la incitación a disturbios, similares a los ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando incondicionales del político ultraderechista invadieron y saquearon las sedes del STF, el Congreso Nacional y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en Brasilia.

Además, se invoca que existía un plan para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a De Moraes, pero el designio no se perpetró por la falta de apoyo militar.

Entre los cargos presentados figuran intento violento de abolir el Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal armada y daño al patrimonio público.

La fecha del juicio dependerá de la cantidad de diligencias, audiencias y recursos presentados.

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