En una ceremonia celebrada en el auditorio de la Fiscalía General se le pidió excusas a Sastoque, y se cumplió así la orientación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que al individuo le fueron irrespetados “sus derechos a la libertad personal, garantías y protección judiciales”, por lo cual merecía actos de reparación.

La detención arbitraria se produjo el 8 de marzo de 1995 en Bogotá cuando la víctima laboraba en el archivo de la sección de criminalística y de correspondencia del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía Seccional de Bogotá y fue vinculado al proceso penal por el homicidio de Pizarro Leongómez, quien fue un guerrillero.

Con base en falsos testimonios validados por las autoridades judiciales, se señaló a Sastoque de estar presente en la escena del crimen para ocultar las pruebas de su presunta participación en el hecho, pese a no ejercer funciones operativas y contar con pruebas de estar a más de 20 kilómetros de distancia del lugar a la hora que ocurrió el homicidio.

El 26 de mayo de 1997, el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá emitió sentencia condenatoria en su contra como autor del delito de homicidio agravado de Pizarro Leongómez, imponiéndole una pena de 41 años de prisión y 10 años de interdicción de derechos y funciones públicas.

El 3 de septiembre de 2003 el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá “redosificó la pena de prisión” en 25 años y tres meses de prisión. Dos años después se concedió una rebaja de prisión de dos años, seis meses y nueve días.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2005 el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le otorgó libertad condicional.

En octubre de 2020, unos 25 años después de la detención de Sastoque, los excomandantes de las extintas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo reconocieron su autoría en el asesinato de Pizarro Leongómez y pidieron perdón por los hechos sucedidos.

rc/ifs