De acuerdo con el organismo, en los últimos tres años fueron identificados al menos 10 casos de documentos históricos brasileños ofrecidos de manera irregular en subastas y plataformas de comercialización.

Las piezas fueron detectadas gracias al monitoreo permanente realizado por especialistas del Archivo Nacional y, en varios casos, recuperadas antes de concretarse su venta.

Entre los documentos recuperados, citó agencia Brasil, figura un manuscrito firmado por el Duque de Caxias, una de las figuras más emblemáticas de la historia militar brasileña, cuya comercialización estaba prohibida por tratarse de un bien público inalienable.

La entidad recordó que los documentos producidos por organismos estatales integran el patrimonio de la nación y no pueden ser objeto de compraventa.

También explicó que el crecimiento de ese tipo de comercio ilícito exige una actuación coordinada con casas de subastas, coleccionistas, libreros, archivos públicos y autoridades policiales, con el propósito de identificar la procedencia de los documentos y garantizar su devolución al acervo público cuando corresponda.

Para autoridades, muchos de esos materiales contienen información de valor histórico, administrativo y jurídico, por lo que su pérdida afecta la investigación académica y el derecho de la sociedad al acceso a la información y la preservación de su memoria colectiva.

Como parte de las medidas de protección, el Archivo Nacional intensificó el seguimiento de catálogos de subastas presenciales y virtuales, además de fortalecer la cooperación con instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la preservación del patrimonio documental.

A la par, promueve campañas para orientar a compradores y comerciantes sobre la necesidad de verificar el origen legal de los documentos históricos antes de cualquier negociación.

Por otra parte, la institución recordó que la apropiación y comercialización de documentos públicos constituye una violación de la legislación brasileña y puede derivar en procesos administrativos y penales.

Asimismo, exhortó a ciudadanos e instituciones a denunciar cualquier intento de venta de piezas cuya procedencia genere dudas.

Insistió en que la protección de los archivos históricos constituye una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, pues esos documentos representan testimonios irremplazables de la formación política, social y cultural de Brasil.

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