El reporte analiza a Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay como casos de estudio para la implementación de un acuerdo global aprobado en 2023.

El trabajo fue elaborado por la Asociación para Políticas Públicas —una ONG argentina especializada en seguridad internacional— junto con el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Apoyar la Cooperación en la Regulación de Armas, mecanismo de financiamiento de la ONU que respalda proyectos de control de armas convencionales.

Sobre Uruguay el documento establece que “el marco de armas de fuego civiles es sólido desde el punto de vista procedimental, pero sus controles específicos sobre municiones son los menos desarrollados de la subregión”.

“Es el único Estado miembro que no impone un límite cuantitativo a las compras de municiones por parte de civiles, y el monitoreo de las adquisiciones aún se lleva a cabo mediante registros de transacciones escritos a mano en papel”, señala.

Entre sus recomendaciones para Uruguay, el informe propone establecer límites cuantitativos a la adquisición de municiones por parte de civiles y desarrollar una plataforma de base de datos unificada que permita el control de las municiones en todo el país.

“América Latina y el Caribe siguen registrando algunas de las tasas más altas del mundo de violencia relacionada con las armas de fuego y las municiones”, subraya la investigación.

Define al Mercosur como “un caso particularmente instructivo para identificar dónde se puede acelerar la implementación del GFA y qué obstáculos persisten”.

El GFA (Marco Global para la Gestión de las Municiones Convencionales durante Todo el Ciclo de Vida) es el instrumento de ONU que busca mejorar la gestión segura de las municiones en todas sus etapas. Fue adoptado en 2023 con el voto de Uruguay.

Las carencias señaladas por el estudio de la ONU no son ajenas a la agenda local. El ministro del Interior Carlos Negro señaló las dificultades del Estado para monitorear armas y municiones frente al aumento de homicidios vinculados a ajustes de cuentas y venganzas por narcotráfico entre bandas criminales.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2026 se registraron en Uruguay 195 homicidios dolosos, un incremento del 6,6 por ciento.

La estadística también marcó un aumento en el uso de armas de fuego: el 74,9 por ciento de los homicidios fueron cometidos con este tipo de armas, frente al 63,9 por ciento registrado en el primer semestre de 2025, divulgó Búsqueda.

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