La exposición estuvo a cargo del primer ministro, Luis Galarreta, quien señaló que la nueva administración, instalada el 28 de julio último, se propone aplicar medidas para solucionar problemas como el desborde de la delincuencia y reformar y hacer eficiente al Estado, dando un carácter fundacional el nuevo Ejecutivo.

El debate posterior, en buena medida, se desarrolló entre recriminaciones de ministros y legisladores oficialistas a gobiernos previos a los que atribuyó las culpas de los males presentes, y la respuesta opositora que respondió señalando la influencia decisiva y hegemónica del oficialismo en los gobiernos de la década previa.

El cotejo de posiciones tuvo su momento más intenso en una confrontación entre el diputado progubernamental José Arista y el senador de izquierda Jaime Quito, luego de que el primero expuso cifras sobre la corrupción, el mal gasto y otros males endémicos.

Coincidió con los congresistas del partido gobernante, Fuerza Popular, en exigir que la oposición deje gobernar a Fujimori y se abstenga de exigencias inaceptables porque, afirmaron, la mandataria lleva en el cargo menos de un mes y trabaja ejemplarmente por el país.

El senador Quito respondió que el discurso oficialista y los comentarios de Arista, sazonados con cifras, no son aceptables, porque el fujimorismo es responsable, por su influencia en la política y su papel clave en el constante reemplazo de presidentes y manejarlos “como títeres”, lo que alteró al oficialismo.

Las promesas gubernamentales de lucha contra la delincuencia contrastaron con la intervención del ex oficial Harvey Colchado, diputado centrista, quien pidió el retiro del comandante general de esta, Óscar Arriola, mantenido en el cargo, dijo, pese a que desmontó al equipo policial anticorrupción dispersando a sus 140 miembros, expertos en inteligencia necesarios para combatir la delincuencia.

En su exposición, el primer ministro Galarreta, informó que se intensificarán las operaciones contra la extorsión y la delincuencia organizada, habrá más de 15 nuevas unidades policiales con sistemas de video-vigilancia con inteligencia artificial desde 2027 y la construcción de más cárceles, entre otras medidas.

En materia económica, se crearán cuatro comisiones presidenciales para reformas económicas (en un contexto neoliberal), compras estatales a micro y pequeñas empresas; créditos para el agro, destrabado de 75 obras de riego y la masificación del acceso al gas natural.

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