Según expuso el magistrado de la JEP Camilo Suárez, el órgano de justicia transicional creado tras el Acuerdo Final de Paz de 2016 ostenta la facultad para investigar graves y masivas violaciones de derechos humanos, así como las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

El togado explicó además que la Corte Constitucional dirimió esa cuestión al precisar que no es competencia de la Justicia Penal Militar investigar delitos de la fuerza pública en el marco del conflicto armado.

La propuesta legislativa que busca modificar las potestades de la JEP, impulsada por el partido declarado de Gobierno Centro Democrático, se debate actualmente en la Comisión Primera del Senado.

A juicio de la senadora opositora Isabel Zuleta se violentaría la Constitución si se llegara a aprobar el proyecto, que propone revisión de sanciones de la JEP a miembros de la Fuerza Pública.

El congresista Alejandro Ocampo consideró por su parte que el actual gobierno no está interesado en que se sepa la verdad sobre los crímenes de Estado y el paramilitarismo y por eso busca aplicar además un recorte presupuestal a ese tribunal.

“Se inventan que cuesta mucho y que hay impunidad, pero lo que buscan es que no se conozca más. Recordemos que fue la JEP la que documentó seis mil 402 víctimas de “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales). Una vergüenza para la historia de Colombia y para la Fuerza Pública”, escribió en su cuenta de X.

Hasta la fecha, el órgano de justicia transicional impuso sanciones definitivas contra 12 exmilitares, que pagarán con obras restaurativas, tras haber sido hallados penalmente responsables como coautores de crímenes de lesa humanidad y de guerra por asesinatos y desapariciones forzadas ilegalmente entre 2002 y 2005.

También trabaja en la imputación de otros 254 integrantes de la Fuerza Pública considerados máximos responsables, cuyos procesos avanzan hacia futuras sentencias.

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